Ayer, en el periódico EL UNIVERSAL se dio a conocer una noticia que ha puesto los “pelos de punta” a varios expertos en temas de gobernabilidad y seguridad. Derivado de un estudio realizado por la empresa investigadora  AC Consultores, se reveló que el crimen organizado (CO) en México se extiende a lo largo de 1.59 millones de kilómetros cuadrados, exactamente, 81%  del territorio nacional.

Asimismo, se precisó que el Cártel Jalisco Nueva Generación está presente en 28 estados de la república, mientras que el Cártel de Sinaloa lo está en 24, seguido del Cártel del Golfo con 10, el Cártel del Noreste en 8, la Familia Michoacana en 7 y Los Zetas en 6; además de otro cúmulo de organizaciones más pequeñas que están dispersas en varias latitudes del país.

Las cifras de homicidios dolosos  en el último sexenio se han disparado. Tan sólo  mayo cerró con 971 homicidios dolosos que equivale a un promedio de 80.9 diarios, convirtiendo a este sexenio en el más violento y letal de la historia moderna con más de 158 mil muertes violentas, superando ya por mucho las cifras registradas durante la llamada “guerra contra el narco” de 2006 al 2012.

El problema no es nuevo. Desde finales del año pasado, con información obtenida mediante el grupo Guacamaya, se dieron a conocer reportes de las fuerzas armadas donde se hablaba de una ocupación efectiva del CO en el 70% del territorio, con presencia de 80 grupos criminales, hasta ese momento identificados.

Todo esto es la radiografía del México que hoy nos toca vivir. Ese “México bárbaro” del que, hace prácticamente un siglo, escribía Jhon Kenneth. Con la pequeña diferencia que él hablaba de un país que transitaba por una revolución armada.

Hoy, se supone que vivimos en un país de instituciones, que cuenta con gobiernos estables y electos democráticamente.

Hay diferencias, claro, ¿en qué democracia no las hay?, pero tampoco al nivel de una revolución como cuando escribía el Sr. Kenneth.

Luego entonces ¿Qué está pasando? ¿Dónde estamos fallando como gobierno y sociedad? Sin duda, la ausencia del Estado de derecho y la constante impunidad han generado un caldo de cultivo para que estos grupos puedan operar libremente.

Prueba de ello son los resultados arrojados por el Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022, recientemente publicado por World Justice Project, en donde se reflejó que todos los estados de la república están reprobados en cumplimiento al marco jurídico, algunos con índices muy graves por debajo de 40 puntos como: Jalisco, Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Morelos, entre otros.

Aunado a ello, la “estrategía” del gobierno federal, replicada en todos los estados gobernados por políticos afines al partido oficialista, de “abrazos, no balazos”, ha generado un clima de holgura institucional y ausencia de gobernabilidad, que ha potencializado y empoderado a dichos grupos.

Por ello, ahora que empiezan “las corcholatas” a desfilar por el territorio nacional, es urgente poner el tema en la agenda pública y cuestionarles ¿qué van a hacer para detener este avance del CO?, pues queda claro que la estrategia del gobierno en turno ha sido errónea.

Sin duda, quien llegue a la silla presidencial en el 2024 tendrá un problema muy grave y urgente que solucionar. Será cuestión de tiempo ver si se tiene la suficiente fuerza y decisión para revertir esta situación y enfrentar a ese “México bárbaro” que hoy cobra la vida de miles de personas.

El reto es enorme…ojala el perfil de quien llegue también lo sea.