A más tardar el 15 de noviembre se presentará en la Cámara de Diputados el paquete fiscal 2025. Es un conjunto de instrumentos que contiene los proyectos de Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y Miscelánea Fiscal. Tradicionalmente, la conformación de estos documentos responde a un trabajo técnico y complejo cuyos diseñadores deben ser personas de alto perfil, preparados en finanzas y economía. Sin embargo, ahora es tiempo de abrir el tema también a la participación ciudadana.

El sexenio anterior estuvo marcado por un claro centralismo. El gobierno del presidente López Obrador controló el ejercicio de los recursos destinándolos preponderantemente a la terminación de sus megaproyectos (el tren maya, la refinería de dos bocas, el AIFA, entre otros). Decisiones que fueron altamente criticadas y que no provocaron ningún cambio en la política fiscal del gobierno.

Hoy la nueva titular del Poder Ejecutivo tiene un área de oportunidad que puede aprovechar: abrir el presupuesto a la opinión pública.

Y es que la política fiscal parte esencialmente de las contribuciones que hacemos todas y todos los mexicanos, sobre todo con el pago de impuestos. Y aunque se puede pensar que el presupuesto federal no repercute en la vida común de las y los habitantes, pues los otros niveles de gobierno (estatal y municipal) también hacen lo propio; la realidad es que la dependencia que existe hacía el sector central es indiscutible.

Gran parte del presupuesto que manejan los gobiernos estatales y municipales deriva de las aportaciones y participaciones federales, es decir, de los recursos que les transfiere la Federación para hacer frente a sus obligaciones sociales, por lo que definir desde lo federal el destino de los recursos es prioritario. Si desde arriba no se etiqueta debidamente el recurso, será imposible que llegue abajo a su ejecución.

Los impuestos son dinero que pagamos todas y todos los mexicanos, por lo que es fundamental saber y priorizar las áreas en que la población quiere verlos reflejados, sobre todo con las últimas reformas constitucionales que se aprobaron, donde se elevó a derecho humano la pensión para adultos mayores, personas con discapacidad y apoyos a jóvenes, entre otros temas. No obstante, más allá de la voluntad política del gobernante en turno, lo que debe imperar es la opinión de la gente y que los recursos se destinen a cubrir las verdaderas necesidades que tiene y demanda la población.

Por ello, es que la iniciativa de consulta impulsada por el Partido Revolucionario Institucional es una idea atractiva y positiva. A través de una encuesta electrónica que no tarda más de un minuto, se trata de regresar la política fiscal a su característica más esencial: atender lo que pide la gente. Todas y todos tenemos la oportunidad de participar y pedirle al gobierno en qué queremos que se gasten los recursos públicos: seguridad, salud, educación, infraestructura, movilidad, entre otros rubros.

El objetivo es claro, poner sobre la mesa ¿Cuáles son las prioridades para la población?