El pasado viernes 15 de noviembre, el Secretario de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal presentó el paquete económico 2025, que incluye los proyectos de ley de ingresos, presupuesto de egresos y la conocida miscelánea fiscal, que básicamente se refiere a las contribuciones que pagaremos las y los mexicanos el próximo año.
Acto seguido, será la Cámara de Diputados del Congreso General, quien discutirá y, en su momento aprobará la iniciativa de ley de ingresos para enviarla la Cámara de Senadores como revisora; para después entrar en materia sobre el presupuesto de egresos. No es cosa menor, se trata de los ingresos y gastos que realizará el gobierno durante el 2025.
Una vez conocidos los documentos, comienzan a salir los análisis y opiniones. En el pasillo de las conversaciones y los medios de comunicación, empieza a resonar con fuerza un concepto técnico y complejo: déficit fiscal.
En términos muy generales, el déficit fiscal se presenta cuando un gobierno gasta más de los recibe. En la economía básica de cualquier persona, se está en déficit cuando se debe más de los que se genera o produce. Pues eso mismo le pasa a un país, solo a que escala macroeconómica.
En este contexto, hay dos formas tradicionales de abatir o reducir el déficit fiscal. Primero, con una reforma en impuestos, que se traduce en mayor recaudación, lo que por supuestos repercute en otros rubros de la economía, como la inflación y el acceso al crédito; y segundo, reduciendo los gastos del Estado, que también impacta en la satisfacción de las necesidades de la gente y los compromisos adquiridos por el gobierno.
En el caso del gobierno mexicano, la administración encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha optado por la segunda opción: recortar gastos. Sin embargo, aunque a primera vista parecería la más viable y positiva, tal decisión no fue nada fácil de tomar, pues frente a los compromisos reforzados del gobierno federal con los programas sociales de pensión para adultos mayores, apoyos para personas con discapacidad, becas de jóvenes y demás promesas de campaña; obviamente que tener recursos suficientes para hacer frente a todos ellos, implica “estirar la cobija” y dejar destapados a otros rubros igual o más importantes.
Tal es el caso del sector salud, que tendrá una reducción del 34% de su presupuesto, de 97 a 66.7 miles de millones de pesos. Ello es grave, frente a un contexto, en el que las clínicas y hospitales públicos están saturados, y la carencia de medicamentos es el pan de cada día para las y los enfermos.
Otro rubro muy afectado será el de la seguridad, pues la Secretaría de la Defensa tendrá un recorte del 43.8%, pasando de 259 a 152 miles de millones de pesos, lo que también es grave cuando esa dependencia será la que tendrá bajo su mando a la Guardia Nacional.
