El 20 de octubre de 2016, en la Ciudad de Quito, Ecuador, se realizó un evento de gran trascendencia, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible, también conocida como Hábitat III. Producto de esa reunión se emitió un documento sin precedentes: la “Nueva Agenda Urbana”.

Todo ello se generó en el marco de las Metas del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, en cuyo contenido destaca el objetivo de “LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES”.

Se supone, que con base en ese objetivo, los estados miembros de esa organización internacional debían realizar varias acciones, tales como: asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países, redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo, reducir de forma significativa el número de muertes y las pérdidas económicas ocasionadas por desastres, reducir el impacto ambiental negativo de las ciudades y proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, entre otras.

En cumplimiento a los compromisos asumidos por el Estado Mexicano, el 28 de noviembre de 2016 se expidió la “Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano”; un instrumento innovador que pretende dar un enfoque diferente a la organización del territorio y la forma de hacer ciudad. Pero más allá de eso, desde 1985, se trató del proyecto de planeación urbana más ambicioso que se haya dado en nuestro país. El objetivo era unificar la urbanización a un objetivo específico, basado en una visión integral conforme a una estrategia nacional de ordenamiento territorial.

Para lograr lo anterior, las entidades federativas debían adecuar sus leyes urbanas a las disposiciones nacionales a más tardar en el 2017. Es el caso que solo 2 entidades han cumplido ese objetivo, quedando las demás pendientes, total o parcialmente.

Por eso, desde el Congreso Federal he presentado un punto de acuerdo para exhortar a esas entidades a que logren la unificación normativa, con una visión clara de hacer posible el derecho a la ciudad.