La semana pasada, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, para tratar temas sensibles sobre la relación bilateral: migración y seguridad.

De dicho encuentro, destaca la declaración de la emisora del país vecino, en el sentido que, si bien nuestro país ha realizado actos para combatir al crimen organizado, aún falta mucho trabajo por hacer.

La administración de Sheinbaum lleva seis meses y, aunque debemos aceptar que ha cambiado la estrategia de seguridad o, por lo menos, la forma de enfrentar el problema de la delincuencia organizada, ya que al parecer la idea de “abrazos, no balazos” quedó en el pasado y, con ello, la pasividad del Estado que costó la vida de más de 200 mil mexicanos durante el sexenio de López Obrador; los resultados aún no son tangibles.

Las razones que motivaron ese cambio de estrategia son múltiples, pero la realidad es que la presión y amenaza de los Estados Unidos de imponer aranceles fue determinante. Al puro estilo de la guerra contra el narco, que tanto le criticaron a Calderón, hoy el gobierno de la República replica las mismas tácticas. Vemos en las noticias que las autoridades detuvieron a este o aquel delincuente, cabecilla o líder de la zona y, con eso, se pretende resolver el asunto.

Sin embargo, está más que estudiado que el problema de la inseguridad no es sólo un tema de reacción policial, sino también de prevención y combate a la corrupción.

Basta con dar un vistazo a las cifras oficiales, donde seis de cada 10 mexicanos se siguen sintiendo inseguros en su colonia o ciudad. Además, hay delitos cuyo aumento debe prender las alarmas por sus delicadas repercusiones. Como la extorsión, que ha aumentado en casi 10%, en comparación con el año anterior. El secuestro, que también aumentó en similar proporción. El narcomenudeo, que subió en 8% en comparación con febrero del año pasado y, uno de los más delicados, la trata de personas, que también ha tenido un aumento equivalente en comparación con los casos de 2024.

El gobierno dice que hay una tendencia a la baja en homicidios dolosos y, si bien, los datos oficiales nos dicen que hay una disminución de 10% en comparación con los primeros meses del año pasado, la realidad es que el índice era tan alto en esa época que la disminución es muy poco significativa. En analogía, es como si un fumador anunciara con bombo y platillo su firme determinación a dejar el cigarro y baja su consumo de cinco a cuatro cigarrillos diarios.

Pero además, uno de los grandes ausentes en las estadísticas es el delito de desaparición forzada, pues hasta la fecha, no se lleva un registro certero que nos permita revisar a detalle el avance de este fenómeno, mes con mes o año con año.

Por eso la propuesta que presentó el PRI en el Congreso de la Unión es oportuna y sensata: el reconocimiento como derecho humano a ser buscado e identificado, fortalecer el sistema nacional de búsqueda de personas, ofrecer apoyo, acompañamiento y atención a las familias de víctimas desaparecidas e imponer una pena máxima de 60 años por reclutamiento forzado, son ideas mínimas que ayudarán a combatir este lamentable flagelo.

Así, la seguridad sigue siendo el tema central de la agenda pública. Sigue teniendo prioridad en la percepción de la ciudadanía, sigue estando presente en la vida cotidiana de las familias mexicanas, sigue siendo el gran tema pendiente por resolverse.