El caso Teuchitlán sigue dando mucho de qué hablar y generando polémica. Hoy más que nunca, vemos a todo el aparato del Estado volcado a construir una narrativa a modo y contra corriente.

Frente a los hallazgos contundentes que las madres buscadoras difundieron sobre el rancho Izaguirre, municipio de Teuchitlán, Jalisco; es muy llamativo ver como en la última semana varios actores políticos se han enfocado, casi al unísono, en desmentir lo señalado por las madres buscadoras, en cuestionar su credibilidad y poner un alto a sus exigencias.

Que no era un campo de exterminio, sino de reclutamiento y entrenamiento, que no hay hornos crematorios, que los vestigios de ropa y zapatos no eran reales, que todo puede ser un montaje de la derecha etc., son algunas de las afirmaciones que han manejado varios personajes del oficialismo, como el presidente del Senado.

Y es que el hallazgo de tan horrible lugar enchinó tanto la piel de México que la ciudadanía mostró su total indignación. Cientos de prendas, zapatos y mochilas que, potencialmente, eran de personas desaparecidas que hasta la fecha siguen en búsqueda por sus familias, así como de restos óseos que, se presume, fueron de personas calcinadas en hornos caseros, quedaron al descubierto como una prueba más de la impunidad con que opera el crimen organizado.

¿Cómo era posible que en México existieran campos de exterminio? Era impensable. La noticia escaló a nivel internacional y puso en jaque a la presidenta de la república. No obstante, en lugar de hablar de la masacre y sus implicaciones, así como las acciones inmediatas para atender el problema, la titular del Poder Ejecutivo decidió enfocar su mañanera en cuestionar una supuesta campaña mediática y de bots en su contra, que supuestamente han pretendido hacer más grande el tema con fines políticos.

¿Dónde quedan las víctimas? ¿Dónde quedan aquellas madres y padres que llevan años buscando a sus familiares? ¿Qué pasó con los dueños de los cientos de pares de zapatos abandonados?

Una de las salidas fáciles fue mandar el asunto a la Fiscalía General de la República, cuyo titular ordenó la apertura pública del rancho, y ¿para qué? ¿para que cientos de madres y padres buscadores se toparan con un sitio encubierto y manipulado, con áreas limpias, cuyas evidencias fueron escondidas o veladas? El reclamo fue generalizado. El recorrido se trató de una burla atroz que daño todavía más el sentir de las víctimas.

En este tema hay más preguntas que respuestas, y lo que más agravia, es que la investigación que le rodea ahora pretende ser manipulada para construir una narrativa a modo. Versiones van y vienen, con una clara intención de crear confusión y minimizar el tema. La presidenta manifestó que en este caso no habrá “verdades históricas”, eso nos queda claro, habrá verdades a modo.

Ahora la investigación forense estará condicionada a descubrir todo lo que no afecte a la imagen del gobierno. No habrá campo de exterminio ni mucho menos delitos de tortura o sometimiento. Todo quedará en un sitio de adiestramiento que, en algún momento, se utilizó por el crimen organizado. Toda una narrativa para proteger intereses políticos.

Sin duda, el caso del rancho Izaguirre dejará huella en la historia de la ineficiente procuración de justicia en México. Huella de que las autoridades hicieron todo para ocultar las evidencias, de que evitaron que se ventilara la verdad, de que impidieron, por todos los medios, de impedir un daño político. En fin, de que las autoridades siguen tapando las huellas de la indolencia humana.