La semana pasada se escribió otro capítulo de los embates de la 4T hacia las instituciones, específicamente, contra las que no se subordinan al presidente.

Esta vez le tocó al Poder Judicial, quien está siendo afectado considerablemente en su presupuesto para el año que entra. El amague consistió en una disminución de 15 mil millones de pesos vía extinción de fideicomisos. Duro golpe para el funcionamiento de esa institución, máxime cuando de ahí se pagan gran parte de prestaciones laborales de sus trabajadores, lo que ha derivado en manifestaciones y consignas.

Y tal vez Usted, querido lector, se preguntará ¿y esto en qué me afecta? Pues déjeme decirle que en mucho. Empezando por la impartición efectiva de la justicia.

Resulta que los tribunales federales conocen, entre otros temas, de un mecanismo fundamental para la defensa de nuestros derechos, el Juicio de Amparo. Ellos son quienes substancian, conocen y resuelven este medio de defensa que tenemos todas y todos los mexicanos y que es el más efectivo para proteger y garantizar nuestros derechos humanos. ¿Recuerda casos como la falta de vacunas contra Covid o la negativa de entregar medicamentos a niñas y niños con cáncer? Estos se resolvieron por medio del juicio de amparo, concediendo a los quejosos el acceso pleno a sus derechos.

Asimismo, estos tribunales son los encargados de emitir la jurisprudencia, es decir, la unificación de criterios que orienta la solución de conflictos futuros, así como resolver en última instancia los juicios civiles, familiares, laborales, penales y de otras materias llevados en el fuero local. Sin dejar de mencionar que está pendiente la consumación de los juzgados laborales orales a nivel federal.

De esta manera, la 4T vuelve a emplear la misma técnica de empuje que usó en contra el INE ¿la recuerda?, ¿cuando el presidente de ese organismo era Lorenzo Córdoba y le bajaron un tercio del presupuesto? En ese momento quien jurídicamente hizo valer la importancia del INE fue el Alto tribunal, resaltando que el presupuesto asignado a las instituciones responde a un fin público, donde el organismo cumpla sus funciones de forma correcta y eficaz en beneficio de la gente. En pocas palabras, el presupuesto no es para los funcionarios, sino para servir a la gente. Una institución sin presupuesto, es una institución inoperante. No es un tema de caprichos, sino de funcionalidad.

Sin embargo, esto no parece importarle a los que dirigen el gobierno. Al contrario, buscan por todos los medios de cooptar los recursos asignados a otras instituciones para centralizarlos y canalizarlos a las obras emblemáticas del presidente.

Pero más allá de eso, lo que en verdad está en riesgo es el Estado Constitucional de Derecho, que tiene que ver con mantener principios fundamentales como la división y el equilibrio de poderes, mismo que hace la diferencia entre una república y la dictadura.