Ayer, como cada 25 de noviembre, se conmemoró el día internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una fecha importante para todas aquellas personas que, desde varios frentes, han luchado contra la misoginia, la violencia de género y la indiferencia feminicida.
Por eso, esta fecha no puede pasar desapercibida, ni mucho menos ser un día más en el calendario, se trata del vivido recuerdo de que aún nos falta mucho por hacer. De que todavía hay muchas acciones pendientes y que la violencia crece y evoluciona en diferentes formas y modalidades que ahora debemos combatir.
En este contexto, una de las primeras acciones que debemos emprender desde el sector público, es hacer visible ese tipo de prácticas y sancionarlas. Ahí la función legislativa o normativa es fundamental, en sus tres niveles de gobierno, pues permite que, a través de la Ley o los reglamentos, ese tipo de conductas puedan ser combatidas con eficacia por las autoridades. Por ello, las diputadas, federales y estatales, así como las regidoras del PRI, aportan en la conformación de un marco jurídico más robusto y sólido, que sí atienda con eficacia las causas de la violencia.
Prueba de ello, es la iniciativa de reforma que presenté ante la Cámara de Diputados del Congreso Federal con la finalidad de homologar la pena mínima aplicable al delito de feminicidio. Una demanda básica que han exigido los colectivos feministas por muchos años y que hasta ahora no había sido atendida. El objetivo es claro, que desde una Ley nacional se establezca la pena mínima aplicable por el delito de feminicidio, es decir, 40 años de prisión.
Tal vez suene poco relevante, hasta que vemos el comparativo del marco jurídico de todas las entidades federativas y nos damos cuenta de ciertas disparidades. Resulta que 9 de los 32 estados de la República Mexicana, manejan penas menores a ese tiempo de prisión, oscilando entre los 20 a los 35 años. La discrepancia es tal que hay estados, como Yucatán, donde la pena máxima es de 45 años de prisión, mientras que en otras entidades, como en el Estado de México, ese tiempo corresponde a la más baja.
Entonces, si queremos combatir con efectividad el feminicidio debemos comenzar por manejar los mismos criterios de sanción ¿no lo cree?
Otra propuesta importante que se presentó el día de ayer fue en el Congreso del estado, donde la diputada Adriana Meza, acompañada de varias regidoras y regidores de los 18 municipios de ese estado, presentaron dos iniciativas para reformar leyes locales.
Una tiene por objeto incluir la violencia estética, esa que afecta diariamente a miles de mujeres que sufren discriminación por su apariencia y condiciones personales, tales como: color de piel, estatura, complexión, rasgos físicos, entre otros. Violencia que muchas veces pasa desapercibida ante las conductas inerciales que nos imponen los “modelos de belleza” en la sociedad.
Y la segunda tiene que ver con mejorar la justicia cívica administrativa, para que las autoridades ejerzan sus facultades con perspectiva de género y no afecten la integridad de las víctimas y de las posibles infractoras. Esa justicia que se aplica día a día y que se dirige a resolver los conflictos vecinales.
