No es casual que el INAI sea el órgano autónomo más atacado por Morena. Al actual Ejecutivo le gusta gobernar sin controles ni contrapesos, en lo oscurito y pasando por encima del Estado de Derecho.
Gracias al INAI sabemos que alrededor del 80% de los contratos de obra, adquisición, arrendamiento y enajenación de bienes y prestación de servicios del gobierno federal de Morena se adjudican en forma directa y no mediante licitación pública.
Esto es muy preocupante en el escenario político, pues la opacidad del gobierno federal ha sido una constante que obstaculiza a los ciudadanos y observadores políticos para saber qué se hace con el dinero público, que no es del gobierno, es de todas y todos los ciudadanos.
Uno de los desafíos principales que enfrentará el próximo Senado de la República será el de erradicar la opacidad que impera en la administración federal y poner fin a la impunidad que caracteriza a este sexenio.
Obras que se realizan sin los permisos necesarios, con sobrecostos, sin estudios de impacto ambiental y sin ofrecer ningún beneficio de retorno para el pueblo de México son la marca de la casa de Morena, que oculta los datos de estas obras pretendiendo engañar con el falso argumento de que “son de seguridad nacional”.
Proyectos como la refinería Dos Bocas, el controvertido Tren Maya, rebautizado como “Tren Falla”, así como el aeropuerto AIFA, junto con la empresa estatal Pemex, representan una inversión masiva de dos billones de pesos en proyectos cuestionables, fallidos y poco sustentables.
Dinero que se podría haber utilizado para darle mantenimiento a la infraestructura del agua y la electricidad, a la salud, la educación o la seguridad de los mexicanos, se tira a la basura en proyectos inútiles y plagados de sospechas de corrupción, lo que refleja la falta de visión, claridad y rendición de cuentas en la ejecución de obras públicas.
Ejemplos como Segalmex han sido citados como evidencia del mal manejo de fondos, con figuras como Manuel Bartlett y Rocío Nahle en el centro de polémicas relacionadas con corrupción y sobrecostos.
Por ello, es urgente fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), otorgándole independencia, autonomía y un presupuesto propio; pero sobre todo dotarlo de un carácter ciudadano.
El Sistema Nacional Anticorrupción debe absorber facultades de función pública y de la Auditoría Superior de la Federación, y no debe depender del Poder Ejecutivo como pretende Morena, porque eso sería garantía de opacidad, ya que se permitiría que el gobierno se audite a sí mismo. Por otra parte, la opacidad en el uso del dinero público no sólo socava la confianza en las instituciones gubernamentales, sino que también obstaculiza el desarrollo económico y social del país.
