En los últimos años, la discusión sobre el uso de vapeadores ha ganado fuerza en la agenda pública. Las voces a favor y en contra de estos dispositivos se han multiplicado, especialmente por la preocupación legítima que genera su consumo entre los jóvenes. Sin embargo, la respuesta del Estado no puede ni debe ser simplista ni punitiva. La prohibición, lejos de resolver el problema, suele generar mercados negros descontrolados, donde no existen garantías de calidad, salud ni seguridad para los consumidores.

En México, hemos visto cómo la lógica prohibicionista se ha aplicado de forma parcial y, en muchos casos, con resultados contraproducentes. Prohibir el uso, comercialización o distribución de los vapeadores no elimina su demanda; al contrario, la desplaza hacia la ilegalidad, donde las autoridades pierden control. La experiencia con otras sustancias nos demuestra que la regulación es, sin duda, el camino más responsable y efectivo.

Los vapeadores no son una moda pasajera, sino una alternativa que algunos consumidores prefieren en lugar del cigarro convencional. La prohibición no sólo los empuja al mercado negro, sino que también pone en riesgo a quienes los consumen. Sin controles sanitarios ni lineamientos de seguridad, los usuarios quedan expuestos a productos adulterados, de dudosa procedencia y con efectos secundarios potencialmente peligrosos.

En contraste, la regulación permitiría al Estado establecer criterios claros sobre la composición de los líquidos utilizados, los niveles permitidos de nicotina y la calidad de los dispositivos. Esto no sólo protegería la salud de los consumidores, sino que también abriría una vía para la recaudación fiscal, como se ha hecho con otros productos de consumo regulado.

No se trata de inventar el hilo negro. Países como Reino Unido, Canadá y algunos de la Unión Europea han optado por la regulación, con resultados positivos. Allí, los vapeadores están sujetos a controles de calidad, restricciones de edad para su consumo y campañas de concienciación pública. Estas medidas han demostrado ser más efectivas para proteger la salud pública que la simple prohibición.

En estos países, los organismos de salud han reconocido que el uso de vapeadores puede ser una alternativa menos nociva para quienes buscan dejar el cigarro tradicional. Si bien no es un producto inocuo, la reducción de daños es una realidad, y esto debe tomarse en cuenta en la discusión pública.

Desde el Senado, creemos que la política pública no puede estar dictada por el pánico ni por el populismo legislativo. Necesitamos una regulación seria y con bases científicas. Esto implica:

1. Establecer lineamientos claros para la producción, importación y comercialización de vapeadores.

2. Imponer medidas de control sanitario que aseguren la calidad de los líquidos y dispositivos.

3. Restringir la venta a menores de edad, con sanciones ejemplares para quienes no respeten esta disposición.

4. Impulsar campañas de educación pública que expliquen los riesgos del uso de vapeadores y las alternativas para dejar de fumar.