Indudablemente, la Nueva Reforma Energética nos lleva a un preocupante retroceso hacia la centralización del sector energético, pues debilita la participación del sector privado en el proceso de generación de energía.

La centralización no sólo amenaza la competitividad y la innovación, sino que también pone en riesgo la inversión extranjera. Sin un ambiente propicio para la inversión, el crecimiento económico del país se estanca, lo que afecta nuestra capacidad para generar empleos y para mejorar la calidad de vida de la población.

En este sentido, es crucial recordar que la competencia equitativa y justa es uno de los pilares para la reducción de precios en el servicio energético. Esta reforma, en lugar de garantizar un entorno competitivo, genera una incertidumbre alarmante. Esto afectaría no solo el suministro de electricidad, sino que también podría llevar a aumentos en los costos para los consumidores.

Aunado a ello, la calidad del servicio de electricidad en México es también motivo de preocupación. La ineficiencia y la falta de confiabilidad del servicio no sólo son problemas aislados, sino que se traducen en un impacto negativo en la vida diaria de los ciudadanos. Las interrupciones frecuentes, los apagones y la escasa atención al mantenimiento de la infraestructura energética son ejemplos claros de cómo las deficiencias en el servicio afectan a millones de mexicanas y mexicanos.

México necesita, indudablemente, fortalecer su compromiso con las energías limpias. La reforma actual tiene el potencial de frenar los avances hacia fuentes renovables, lo que nos aleja de nuestras metas internacionales de sostenibilidad y del combate al cambio climático.

Ignorar esta transición energética es desatender la responsabilidad que tenemos con las futuras generaciones.

Apostar por las energías verdes de manera responsable no sólo es una opción viable, sino una necesidad.

Frente a la realidad, es fundamental abrir un diálogo plural y constructivo. Este diálogo debe incluir las voces de expertos, de la industria y de los ciudadanos, quienes son los verdaderos afectados por las decisiones políticas. Sólo así podremos garantizar una reforma energética que realmente beneficie a México, sin caer en la trampa de intereses particulares o ideológicos.

La situación actual exige una respuesta contundente y responsable que asegure un futuro energético sostenible y próspero para todas y todos.