El nuevo año arranca con varias señales ominosas en el horizonte.
La violencia letal tuvo un repunte durante las fiestas decembrinas: según la serie diaria compilada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se acumularon 2 mil 274 homicidios en el último mes del año. Eso implica un incremento de 3.6% con respecto al mismo mes del año previo. Eso sugiere que la violencia va a seguir en altos niveles al menos durante los primeros meses de 2022.
A esto hay que añadirle el riesgo proveniente del calendario electoral. En junio, se celebrarán elecciones de gobernador en seis estados (Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas). En paralelo, Durango elegirá gobiernos municipales y Quintana Roo a los integrantes de la legislatura local. En cada uno de esos estados, podría detonarse una escalada de violencia asociada a la disputa por el poder local. En principio, la relativa ausencia de contiendas municipales debería de contener la violencia política por debajo de lo experimentado en 2021, pero el riesgo de disputas serias no deja de ser significativo. En paralelo, habrá que observar si algunos grupos criminales deciden intervenir en los procesos electorales, como sucedió el año pasado en algunas entidades federativas.
Por otra parte, el futuro del modelo de seguridad implementado por el gobierno federal estará a debate en 2022. Es posible que, en algún punto del año, probablemente en el segundo periodo de sesiones legislativas, el presidente López Obrador presente al Congreso de la Unión la muy anunciada iniciativa de reforma constitucional para reubicar administrativamente a la Guardia Nacional (GN) en la Sedena. Por ahora, no hay (probablemente) votos suficientes para aprobar un proyecto de esa naturaleza, pero la aritmética podría cambiar en el transcurso del año. Si no cambia y la GN se mantiene en el limbo administrativo existente, cabe preguntar sobre su futuro después de 2024, particularmente si no hay en paralelo una extensión de la autorización a la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública ¿Habría un repliegue del proceso de militarización de la seguridad? ¿O el gobierno doblaría la apuesta y mantendría la intervención militar en asuntos de seguridad pública a pesar de no contar con una autorización constitucional firme? En cualquiera de los dos escenarios, el papel de las fuerzas armadas se convertiría en un tema central de la sucesión presidencial en 2024.
Por último, es probable que se empiece a agriar la relación bilateral con Estados Unidos en materia de seguridad. El país vecino va a tener elecciones intermedias en noviembre de este año, en las cuales el partido republicano tiene la expectativa de recuperar el control de al menos una y tal vez las dos cámaras del Congreso. En esa campaña, los temas fronterizos, migratorios y de narcotráfico probablemente sean mensajes centrales. En ese contexto, es posible que, en un intento por quitarle dientes a las críticas republicanas, la administración Biden endurezca la postura hacia México, tanto en temas migratorios como de drogas. Eso implicaría, por ejemplo, más presión sobre las autoridades mexicanas para perseguir vigorosamente a algunos grupos criminales, particularmente el Cártel de Jalisco Nueva Generación.
Asimismo, es altamente probable que el gobierno mexicano se vea obligado a destinar más recursos para detener los flujos migratorios hacia Estados Unidos.
En resumen, el año apunta a ser decisivo y peligroso en varios frentes. Abróchense el cinturón.
