Esta semana, en un evento celebrado en la ciudad de Morelia, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, golpeó el avispero político con unas declaraciones polémicas.
Frente a mandos policiales y militares afirmó que “hemos dejado atrás la idea de continuar una guerra que durante décadas no ha hecho más que agravar la situación de violencia; hoy nos encaminamos en una visión ampliada de la seguridad, porque estamos trabajando para atender las causas, como la pobreza, la marginación; vamos a trabajar con los medios posibles para alcanzar la paz”.
Para sus detractores, esto fue el anuncio de una rendición, la expresión manifiesta de que el gobierno de Michoacán no perseguirá a los criminales que flagelan a ese estado, o incluso la confesión de la existencia de alguna suerte de pacto con las bandas delictivas. Creo que esa lectura es injusta y que el gobernador tiene algo (o mucho) de razón. El Estado es escudo y no espada. No está ni debe estar en guerra contra sus ciudadanos: hacer cumplir la ley y proteger derechos no es batalla ni combate ni campaña. Es una tarea permanente en la que no hay enemigo que aniquilar ni rendición que forzar.
Si va en ese sentido la declaración, me parece que se mueve en dirección correcta el cambio de enfoque.
Me parece igualmente loable que el gobernador ponga el énfasis en el combate a la marginación y la pobreza, tenga o no efectos sobre la incidencia delictiva. Otros discutirán si los programas son adecuados y eficaces, pero el objetivo no me parece debatible.
Hasta aquí, vamos bien. Sin embargo, hay una dificultad que no es menor: en Michoacán, hay una multiplicidad de grupos armados que se disputan una gran cantidad de flujos de ingreso, provenientes tanto de los mercados ilícitos como de la economía legal, y utilizan medios violentos con enorme frecuencia.
Está bien que no se les haga la guerra, pero es de suponer que el gobierno del estado desea contenerlos ¿Qué propone para alcanzar esa meta?
Según el secretario de Seguridad Pública estatal, José Alfredo Ortega Reyes, los tres ejes de la estrategia de seguridad de Michoacán son los siguientes: “El primero es tener mayor presencia en todo el estado, esta mayor presencia nos permite tener un estimado de 450-500 operativos diarios; el segundo eje es reforzar los municipios más vulnerables, en este caso si lo requiere Uruapan, lo hacemos. Ya hay un blindaje en Zamora y Morelia y lo tenemos en Uruapan también… el tercer eje de la estrategia de seguridad, es el de fortalecer la operatividad con las entidades vecinas y ya se tiene firmado [un convenio] con el Estado de México.”
Dicho de otro modo, más botas en el terreno, más rondines, más retenes, más de lo que se ha hecho una y otra vez en Michoacán desde hace 16 años. La única parte medio novedosa es la formación de “un agrupamiento de fuerza de tarea de cumplimentación de ordenes de aprehensión”, el cual ha logrado (según el secretario) la detención de 350 personas, la mayoría por el delito de homicidio. Y eso está bien, pero tampoco es el fin de la impunidad: tan solo el año pasado se abrieron 2251 carpetas de investigación por homicidio doloso y feminicidio en Michoacán.
¿Esa estrategia va a lograr frenar los conflictos en las zonas rurales, desmovilizar a los actores armados y contener el saqueo de las comunidades michoacanas? Francamente lo dudo.
