A principios del mes de marzo del presente año, la diputada local Elsa Adané Méndez Álvarez, de la fracción panista, inició una carpeta de investigación ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro, por la probable comisión de delitos en agravio de su persona en contra de quien resultara responsable.

En dicha carpeta nombró a tres activistas defensores de los Derechos Humanos quienes emitimos comentarios en redes sociales señalando nuestro desacuerdo con su quehacer público. El 16 de abril, la FGEQ determinó el no ejercicio de la acción penal, señalando que la sola manifestación de las ideas en las redes sociales no constituía hecho delictivo alguno.Al considerar que con esa acción, se habían violentado nuestros derechos humanos, decidimos acudir a la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, en donde iniciamos la queja DDH/230/2019.

El 27 de junio, mediante oficio VG/571/1019, la DDHQ dio a conocer a la diputada Elsa Méndez y a nosotros mismos, la resolución de la queja. Indicando en ella, que después de realizar un análisis exhaustivo, resultó que el hecho de que la FGEQ haya iniciado carpeta de investigación a consecuencia de la querella interpuesta por Elsa Méndez, no representó una violación a los derechos humanos, a la legalidad y la seguridad jurídica de ninguno de nosotros. Sin embargo en esa misma investigación se detectó que la diputada Méndez incurría en discursos discriminatorios contra la Comunidad Lesbico, Bisexual, Gay, Transgénero, Intersexual, (CLGBTI), violentando con ello el derecho a la igualdad y al trato digno de dicho colectivo, señalando que su actuar difiere de lo establecido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que prohibe la discriminación y que además señala que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Es por esto que se le solicitó que en 15 días naturales exhibiera un “Acuerdo de Responsabilidad”, invitándola a sumarse en la construcción de un país incluyente.

Como respuesta a dicha resolución, la diputada Elsa Méndez, contestó que no aceptaba el “acuerdo de responsabilidad” simple y sencillamente porque tenía el derecho a expresarse como quisiera (sic).

El 15 de julio, frente a medios de comunicación, la diputada dijo: “En mi contra se ha desatado la persecución por el simple hecho de no perder mi dignidad, en el fracasado intento de encajar en un grupo que exige libertad al Estado pero que no comprende las responsabilidades que implica dicha libertad… por defender a la familia y a mi fe, mediante ataques de violencia y odio se ha tratado de dejar en silencio las voces del respeto y la cordura social, lo cual no lo voy a permitir, mantengo firme mi convicción de ejercer mi derecho a la libertad religiosa, a la libertad de profesar mi fe, a la libertad de pensamiento y la libertad de expresión como Derecho Humano que consagra la Constitución”.

La ignorancia de la diputada Elsa Méndez es evidente, desconoce el principio fundamental de la legalidad que le obliga a ella y a cualquiera que ostente un puesto público a someterse a lo establecido en la Constitución y por lo tanto al imperio de la ley. Sin duda la lectura puede erradicar la ignorancia, siempre y cuando la soberbia lo permita.

Si cada funcionario público actuara según sus pareceres y creencias personales, ignorando como la diputada Elsa Méndez el que las autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les faculta, viviríamos en el caos absoluto.

Seguiremos exigiéndole que respete la Constitución la cual juró cumplir y hacer cumplir.

Presidenta de Desarrollo Comunitario para la Transformación Social, A.C.