El pasado domingo, personas de varias ciudades del país salieron a las calles para participar en la llamada “Marcha por la Democracia”, convocada por diversas “organizaciones civiles” que se dicen defensoras de los organismos autónomos, como el INE y el TEPJF, frente a las supuestas amenazas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, esta marcha estuvo llena de incongruencias, contradicciones y falsedades, que evidenciaron el verdadero propósito de sus organizadores y asistentes: defender sus privilegios e intentar sabotear el proceso electoral de 2024, en el que se renovarán la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas y miles de cargos locales.

Una de las incongruencias más notorias fue el supuesto objetivo de la marcha, el cual es “defender la democracia”, pero entre sus filas estuvieron personajes que han sido señalados por actos de corrupción, fraude electoral, violencia política y violación de derechos humanos, como Lorenzo Córdova, Enrique de la Madrid, Rosario Robles, Margarita Zavala, Marko Cortés, Javier Lozano, entre otros. ¿Qué autoridad moral tienen para hablar de democracia?

Durante la marcha se exigió respeto a los organismos autónomos, pero ignoraron que éstos han sido cómplices de la imposición, el derroche, la manipulación y el fraude en las elecciones pasadas, favoreciendo a los intereses de la oligarquía y el neoliberalismo. ¿Qué credibilidad tienen para hablar de autonomía?

La mayoría de los asistentes se presentaron como representantes de la sociedad civil, pero en realidad son una minoría elitista, conservadora y reaccionaria, que no acepta los cambios que se están dando en el país gracias a la voluntad popular expresada en las urnas. ¿Qué legitimidad tienen para hablar de representación?

Se acusó al gobierno de López Obrador de ser autoritario, populista y dictatorial, pero omitieron reconocer los avances que ha logrado en materia de combate a la pobreza, la desigualdad, la corrupción y el manejo de la pandemia. ¿Qué objetividad tienen para hablar de realidad?

Estas y otras incongruencias de la marcha del 18 de febrero demuestran que se trató de un acto proselitista, fuera de la ley, disfrazado de activismo por parte de la sociedad civil. Una marcha que viola la ley electoral por hacer proselitismo a favor de una candidata; que busca desestabilizar al país mediante mentiras que incitan al odio y que pretende imponer una agenda contraria al bienestar de la mayoría de los mexicanos.

Por todo ello y muchas otras cosas más, esta movilización no fue una marcha por la democracia, sino la “Marcha de la hipocresía”.