Hemos escuchado a trabajadores del poder judicial que con mucha soltura acusan al presidente, Andrés Manuel López Obrador, de “dictador”.
Parte de la narrativa de los que se oponen a la reforma del poder judicial, es que no cualquiera puede llegar a dicho poder, que ahí sólo llega gente “muy preparada” y cosas por el estilo. Sin embargo, cuando los trabajadores del poder judicial, incluidos abogados y jueces, usan el concepto de “dictadura” (o algunos de sus sinónimos, como tiranía, despotismo o autocracia) exhiben una gran ignorancia y un desconocimiento total de la realidad del país.
Tal parece ser que esos que protestan pasaron de noche la secundaria o el bachillerato, incluso la primaria pues exhiben que no saben ni siquiera usar un diccionario (en papel o en línea).
De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española (RAE), una dictadura es un “régimen político que, por la fuerza o violencia, concentra todo el poder en una persona o en un grupo u organización y reprime los derechos humanos y las libertades individuales”.
A diferencia de dictaduras como la de Hitler (en Alemania), la de Mussolini (en Italia), la de Franco (en España), la de los coroneles (en Grecia), la de Pinochet (en Chile), la de Videla (en Argentina), la de Somoza (en Nicaragua), la de Ríos Montt (en Guatemala) o la de Castelo Branco (en Brasil), López Obrador no llegó a la presidencia mediante un golpe de estado sino ganando, de manera democrática y legítima, las elecciones presidenciales con 30 millones de votos (11 millones de votos más que el segundo lugar).
El gobierno de López Obrador, en todo su sexenio, nunca usó la fuerza o la violencia en contra de la oposición. Tampoco se quiere perpetuar en el poder, pues dejará de ser presidente el 1 de octubre. Andrés Manuel nunca basó su poder como presidente de la mano de los militares.
En todo su sexenio, López Obrador no concentró todo el poder en su persona, pues gobernó junto a los poderes legislativo y judicial. Nunca disolvió el congreso (como se hace en las dictaduras) ni tampoco disolvió la Corte (como si hizo Ernesto Zedillo en 1995, por cierto, sin ninguna protesta por parte de los trabajadores del poder judicial).
En todo el sexenio no hubo represión ni acotamiento a las libertades individuales, como sucedió en los sexenios de los priistas Peña Nieto, Zedillo, Salinas de Gortari, De la Madrid, Echeverría y Díaz Ordaz y en los de los panistas Calderón y Fox. Suena crudo, pero si alguien no es capaz ni siquiera de manejar el lenguaje común, menos va a ser capaz de aplicar leyes y dictar sentencias.
Académico de la UAQ. anbapu05@yahoo.com.mx
