La sonora derrota del pasado 2 de junio tiene tan atolondrados a los del PRIAN, que en vez de preguntarse las razones por las que fueron rechazados en las urnas, se dedicaron a una especie de post campaña con el objetivo de revertir la voluntad popular.

El triunfo de la coalición “seguiremos haciendo historia” (Morena, PT y PVEM) fue aplastante. Ganaron la presidencia de la república con casi 20 millones de votos, 256 de los 300 distritos electorales para diputaciones (el 85 por ciento), las dos senadurías de mayoría en 30 de los 32 estados de la república (el 94 por ciento) y la mayoría en los congresos locales en 27 estados (el 84 por ciento).

Ante estos resultados tan evidentes, el PRIAN trató de ganar en la mesa lo que no ganó en las urnas y lanzaron una campaña en medios, incluso internacionales, con el fin de que tanto el consejo general del INE como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y hasta la Suprema Corte de Justicia modificaran, a posteriori, las reglas que se han venido aplicando desde 2009.

Sólo consiguieron el apoyo de cuatro de los 11 consejeros del INE (Claudia Zavala, Dania Ravel, Jaime Rivera y Martín Faz) y de una de los cinco magistrados del TEPJF (Janine Otálora) por lo que la asignación que hizo el INE el 23 de agosto quedó firme con la ratificación del 28 de agosto por parte del TEPJF. Morena y aliados tendrán una holgada mayoría calificada en la cámara de diputados (364 de los 334 necesarios) y quedaron muy cerca de la mayoría calificada en el senado (83 de los 86 requeridos). Sin embargo, el mismo 28 de agosto, los únicos dos senadores que había obtenido el PRD (partido que ya perdió su registro) se pasaron a la fracción de Morena por lo que la coalición tiene ya 85 de los 86 senadores necesarios para tener la mayoría calificada.

La pretensión del PRIAN desnudó a los cuatros consejeros y a la magistrada que los apoyaron, fueron obligados a hacer malabares para torcer la ley, quedaron exhibidos de manera pública. Quisieron aplicar artículos ya derogados, pretendieron equiparar el concepto de partido con el de coalición, pretendieron imponer nuevas reglas de asignación mezclando porcentajes con número de votos y en un exceso, pretendieron “interpretar” el voto ciudadano del 2 de junio. Algo inconcebible para personajes que se dicen “muy preparados”, que ganan alrededor de 400 mil pesos mensuales y que tienen múltiples asesores.

Académico de la UAQ.

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