Elementos de la Policía Estatal (PoEs) de Querétaro no respetaron la ley el miércoles 14 de agosto, al impedir el libre tránsito de personas y vehículos en el cruce de la carretera federal 57 con “Paseo de las Artes”, en dirección al Teatro Metropolitano, lugar donde se reunieron integrantes de la LX Legislatura para actividad y decisión oficiales.
Mediante una acción previa que violentó el artículo 11 de la Constitución federal y un derecho de la población, en un recinto que no pertenece al Poder Legislativo de Querétaro y al que no se puede llegar en transporte público, las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura en Querétaro aprobaron un Acuerdo respecto a “la separación del cargo del fiscal Alejandro Echeverría”, según información oficial.
En el marco de esta acción, violentaron el derecho a la información de la sociedad y el ejercicio profesional de colegas periodistas, quienes estuvieron imposibilitadas e imposibilitados de dar cobertura y hacer su labor esa tarde de miércoles 14 de agosto, debido al operativo o las acciones de PoEs.
Sin que alguien se hiciera responsable de solicitar la medida y bajo el pretexto de convocatoria a actividad oficial, legisladoras y legisladores pasaron en camionetas o vehículos a los que no se les impidió el acceso, para poder transitar 1.5 kilómetros a partir de donde estaban vallas y policías.
¿Por qué la prisa para el proceso relacionado con la persona titular de la Fiscalía? ¿Por qué el miedo? ¿Qué quieren minimizar u ocultar la bancada del PAN y el partido en el poder? ¿Por qué no fueron a escuchar, platicar y dialogar con ciudadanas y ciudadanos que estaban en la entrada de la sede oficial de Legislatura, entre lunes 12 y miércoles 14 de agosto?
Tuvieron tiempo suficiente, pero prefirieron hacer la reunión y posterior sesión de pleno –viernes 16 de agosto- a escondidas, en un recinto no oficial de la Legislatura: el Teatro Metropolitano. Tanto el Teatro como el Centro de Congresos fueron construidos por el Poder Ejecutivo en el gobierno de Francisco Garrido Patrón, también del PAN.
El viernes 16 de agosto, el Pleno de la LX Legislatura aprobó, con 21 votos a favor y 3 en contra (ausencia del diputado Paul Ospital, del PRI),” la separación del cargo del Fiscal General del Estado de Querétaro derivada de la renuncia del mismo y conclusión del periodo por el que fue designado”, de acuerdo con el comunicado de prensa oficial.
En época de Juan Martín Granados Torres como Secretario de Gobierno estatal y Juan Marcos Granados Torres, Secretario de Seguridad Ciudadana, Alejandro Echeverría Cornejo tomó protesta como fiscal del estado en 2016, para un periodo que oficialmente concluía en mayo de 2025. Fue electo para un periodo de 9 años.
Volvamos a 2024. Entre los votos a favor como parte de la sesión del viernes 16 de agosto, hubo dos de diputados de Morena.
Las acciones de la institución, legisladoras y legisladores del PAN, e incluso el trasfondo de discurso del gobierno estatal, muestran que les urge elegir a la nueva persona titular de la Fiscalía antes de que inicie periodo la LXI Legislatura, cuando Morena tendrá mayoría en su integración con base en resultados de votación —mensaje ciudadano— del domingo 2 de junio.
En vez de aplausos y conformidad, las decisiones y proceder de diputadas y diputados generan dudas: ¿por qué para este asunto sí sesionan con prisas y en otros temas hacen todo tipo de “maromas” con tal de no legislar reformas pendientes en leyes?
Mencionar tres rezagos: armonización respecto a la Ley General de Movilidad, incluir en el Código Civil estatal, el matrimonio entre personas del mismo sexo; la despenalización del aborto… asuntos que ya tienen base o jurisprudencia federal.
Periodista y profesor de la UAQ
