Ayer, el Ejecutivo Federal dio a conocer el contenido de la tan anunciada iniciativa de reforma constitucional en materia electoral. La propuesta fue titulada como “reforma democrática”, cuando en el fondo es una propuesta eminentemente centralista. Dicha reforma contempla por lo menos la modificación de 7 artículos de la Constitución política federal. El objetivo supuestamente es “hacer más barata la democracia en México” para atender el reclamo de emplear de mejor manera los recursos públicos, hasta ahora destinados a la democracia en nuestro país.
Hay puntos loables que, valdría la pena poner sobre la mesa de negociación: 1. Reducción del tamaño del consejo general del INE, pasando de 11 a 7 consejeros, este punto pudiera valer la pena, el tamaño del órgano colegiado no afecta el funcionamiento del mismo y antes de la reforma de 2014 ese era su número; 2. Desaparición de los OPLES y de los Tribunales locales, aunque difícil de llevar a la práctica por la mera razón de vivir en un sistema federal con distribución de competencias, no es una mala idea la asunción del órgano electoral federal de las funciones hasta ahora reservadas a los OPLES, los cuales en entidades como Querétaro, no han logrado erradicar la intervención de los actores políticos locales. Asimismo, la eliminación de los Tribunales Locales, bien pudiera pensarse, ya que en su gran mayoría los asuntos litigiosos terminan por resolverse en las salas regionales o en la sala superior del TEPJF; 3.
Eliminación del financiamiento ordinario permanente a los partidos políticos, punto discutible, pero sin duda meritorio en el sentido del pésimo desempeño de todos los partidos políticos con representación, así como los que han perdido el registro. Dejando solo su patrocinio público en momentos electorales; Y 4. La implementación del voto electrónico, el cual sin duda permitirá una mayor participación y abaratará el costo.
Ahora, las aberraciones sin mayor explicación, son las siguientes: 1. Elección mediante sufragio popular de consejeros el primer domingo del mes de agosto; 2. Eliminación a raja tabla del principio de representación proporcional en la cámara de diputados, no así en el Senado; 3. Prohibición a la autoridad electoral de tiempos en radio y televisión; Y 4. Nueva definición de “propaganda gubernamental”. Los puntos a debate sobre los que en este momento se pueden perfeccionar son la reducción del tamaño de los congresos locales, así como contar con una sola legislación en materia electoral. ¿El ahorro de 24 mil MDP valen todo esto?
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