El jueves pasado, la juez Nancy Juárez Salas, titular del Juzgado Décimo Noveno de Distrito en el estado de Veracruz ordenó a la presidenta de México eliminar la publicación del Decreto a la Reforma al Poder Judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF), firmada por su antecesor el presidente Andrés Manuel López Obrador, en un plazo de 24 horas.

Claudia Sheinbaum declaró que existe una serie de argumentos jurídicos que hacen improcedente tal ordenamiento: “La juez no tiene ninguna atribución para solicitar que se retire del Diario Oficial de la Federación esta publicación. Primero, porque no tiene atribución, una juez no está por encima del pueblo. Segundo, porque jurídicamente no tiene ningún sustento lo que está haciendo. Y, tercero, porque es el Poder Legislativo quien ordenó al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador hacer la publicación”.

Independientemente de que existan posturas confrontadas con respecto al contenido de la Ley del Poder Judicial, ya vigente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que una jueza de distrito pretenda revertir una ley constitucional revela el amplio poder con el que habían actuado tradicionalmente los jueces, no sólo para llevar a cabo el supuesto ejercicio de impartición de justicia, sino para intervenir políticamente y situarse por encima del Soberano y la Constitución.

Mediante un conjunto de amparos intentan detener la ejecución de la Ley del Poder Judicial signada en la Constitución. Ante su inminente derrota, el Poder Judicial responde con soberbia y prepotencia. Las decisiones tomadas resultan nocivas para su investidura al mostrar con sus acciones la imperiosa necesidad de defender privilegios que poco tienen que ver con el interés del pueblo. Resulta lamentable la arrogancia con la que los jueces actúan en contra de una ley que ya es parte del texto constitucional.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum requiere un sistema de justicia fuerte para enfrentar la impunidad y la corrupción. Con un Poder Judicial al servicio de la élite política, económica y financiera es imposible avanzar en el problema de la inseguridad, encarar al crimen organizado y resarcir agravios históricos e injusticias presentes.

La reforma al Poder Judicial, impulsada en su momento por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tuvo como propósito generar un Estado de derecho dirigido a frenar el despojo de recursos estratégicos del país, producido por corporativos nacionales y trasnacionales, históricamente favorecidos por jueces, magistrados y ministros. Evitar la liberación de personajes vinculados a la delincuencia organizada y de cuello blanco. Y prevenir una “guerra judicial” que pusiera en riesgo el gobierno legítimo y democráticamente electo de Claudia Sheinbaum.

La respuesta de la actual presidenta de México a la juez Nancy Juárez Salas fue contundente: “No vamos a bajar la publicación”. A lo que añadió: “La reforma al Poder Judicial va, ni un juez, ni una juez, ni ocho ministros pueden parar la voluntad del pueblo de México”.

Doctorada en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y Posdoctorada por la Universidad de Yale