La entrega de 29 capos del crimen organizado por parte del gobierno mexicano, a solicitud de su homólogo de Estados Unidos, desató una fuerte polémica sobre las consecuencias de esta acción autorizada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Ante la amenaza del 25% de aranceles sobre las importaciones procedentes de México que entrarían en vigor el día de hoy, según lo previsto por Donald Trump en su declaración del jueves pasado, al señalar que los resultados no eran suficientes para frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. México respondió, un día después, con el traslado de Caro Quintero y otros 28 líderes del narcotráfico a EUA.
Nada será suficiente para Trump. Erradicar el narcotráfico no está entre sus planes, ni mucho menos resolver el problema de la adicción a las drogas de su población. Para nadie es un secreto que las agencias de “seguridad” de Estados Unidos actúan bajo la supuesta misión de hacer cumplir las leyes sobre drogas (DEA), mientras intervienen países en los que promueven y administran este jugoso negocio.
La falsa “guerra contra el narcotráfico” impulsada por EUA durante décadas, transformada en “guerra contra el terrorismo” después de los atentados del 11-S, enmascara el verdadero propósito de Trump al declarar organizaciones terroristas a los grupos de la delincuencia organizada en México: la apropiación de los recursos naturales estratégicos (minerales, agua, petróleo) y el tráfico de armas dirigido a fortalecer el engranaje del crimen organizado del que se benefician los gigantes de la industria armamentista estadounidense: Lockheed Martin, Boeing, Raytheon y Northrop Grumman.
Pese al oscuro horizonte, Claudia Sheinbaum continúa actuando para evitar la imposición de aranceles a México. Sin embargo, sus opositores declaran que la insólita entrega de los 29 criminales significa la rendición del gobierno mexicano y sometimiento a los chantajes de Trump. Y, la retan a no ceder ante las amenazas, obviando la asimetría que existe entre ambos países. Mientras tanto, aprovechan para atizar la campaña mediática que acusa al gobierno de la 4T de tener vínculos con el narcotráfico.
Analistas advierten sobre los riesgos de haber entregado 29 delincuentes al gobierno de EUA, sin llevar a cabo el proceso de extradición. El vacío del procedimiento autoriza juzgar a los inculpados bajo las leyes estadounidenses. Condición que abre el camino a la “pena de muerte”.
La vulneración del proceso de extradición posibilita que solicitudes similares se repitan para exigir la entrega inmediata de otros criminales o cualquier ciudadano mexicano requerido por la administración de Trump, quebrantando sus derechos humanos.
No obstante, con el traslado de los 29 capos a EUA, Claudia Sheinbaum coloca en el tablero político dos apuestas. Muestra que no tiene ningún temor de que “las voces criminales” revelen información sobre políticos y empresarios mexicanos involucrados en el negocio del narcotráfico. Y, rasga un espacio para continuar negociando la imposición de aranceles a México.
Frente al chantaje y la extorsión de la Casa Blanca con el mundo entero, ¿tenía otra opción la presidenta de México? Ciertamente, Claudia Sheinbaum enfrenta un dilema irresoluble.
Doctorada en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y Posdoctorada por la Universidad de Yale
