El 5 de marzo pasado, el Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco reportó el hallazgo de una fosa clandestina en el Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, donde presuntamente eran reclutados y asesinados jóvenes por el crimen organizado. Ante el lastimoso descubrimiento se viralizó inmediatamente en medios de comunicación y redes sociales que se trataba de un “campo de exterminio”.

Indira Navarro, vocera del Colectivo Guerreros Buscadores, entrevistada por la Agencia de noticias AFP (Agence France-Presse), declaró: “Realmente esto era un sitio de exterminio, reclutamiento y exterminio, porque ahí mismo terminaban con la vida de las personas”.

Ante esta afirmación, los medios de comunicación nacionales e internacionales, políticos de oposición y comentócratas iniciaron la difusión masiva del presunto “campo de exterminio” en Teuchitlán, Jalisco.

El término “campo de exterminio” está asociado históricamente a regímenes genocidas como el nazismo, donde el Estado organizaba sistemáticamente el asesinato masivo de grupos específicos. Comparar crímenes del narcotráfico con el Holocausto, además de banalizar un acto de lesa humanidad, implica hacer una equiparación inapropiada entre carteles (actores no estatales) y un Estado genocida.

Legalmente, el caso del Rancho Izaguirre tendría que ser tipificado como “fosa clandestina”, no como un “campo de exterminio”. Sin embargo, utilizar el término legal correcto, podría interpretarse como una forma de minimización de las atrocidades cometidas en ese lugar, especialmente por familiares de víctimas y organizaciones de derechos humanos que exigen reconocimiento pleno de la gravedad del caso.

Paradójicamente, difundir la falsa narrativa de “campo de exterminio”, en lugar de optar por términos como “violencia extrema del crimen organizado”, impide reconocer la gravedad del problema, concede victorias narrativas a los carteles y sirve para encubrir a sujetos involucrados.

Los dolorosos hallazgos encontrados en Teuchitlán están vinculados a la violencia criminal, no a una política estatal de exterminio, como lo muestran los primeros indicios de la investigación judicial que señalan que el terreno era empleado por miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación para reclutar y entrenar a jóvenes que se sumarían a sus comandos.

Un lugar de “exterminio” supone la participación de un aparato organizado y prolongado para eliminar personas. Sin embargo, no hay ninguna prueba que demuestre que el Estado mexicano sea el responsable de esta “masacre”.

El uso masivo del término “campo de exterminio” en el atroz caso de Teuchitlán involucra una estrategia mediática para generar pánico social y la percepción de que el gobierno de México perdió el control ante el crimen organizado. Situación que el vecino del norte estaría en condiciones de capitalizar para intervenir en territorio mexicano.

Impulsar una narrativa imprecisa que remite a términos no avalados en el marco legal entorpece los procesos judiciales y genera expectativas erróneas sobre la naturaleza del crimen. Ante este escenario, una vez más, el esclarecimiento de la verdad y la justicia para las víctimas pasará a un segundo plano.

Doctorada en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y Posdoctorada por la Universidad de Yale