Los opositores a la Reforma al Poder Judicial comprenden perfectamente la naturaleza del poder. Para ellos, la democracia no es un proyecto ideológico, sino una correlación de fuerzas. Ante la derrota del PRI-PAN-PRD en las elecciones del 2 de junio, donde la ciudadanía otorgó mayoría calificada a Morena y sus aliados para llevar a cabo las reformas planteadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la élite política y económica asume que su cruzada atraviesa por la defensa de mantener inamovible la estructura del Poder Judicial.

En esta configuración de fuerzas, el Poder Judicial juega un papel estratégico para salvaguardar los intereses de la oligarquía. En el pasado, también llevó a cabo esta tarea, solo que bajo las indicaciones del Ejecutivo en turno.

Hoy, quienes se manifiestan en contra de la Reforma al Poder Judicial, tienen graves problemas para argumentar a su favor. De acuerdo con el índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, México es el país número 123, entre 176. Ocupa el último lugar entre los 34 países de la OCDE. El World Justice Program, que sitúa su análisis en el funcionamiento de los aparatos judiciarios, coloca a nuestro país con los servidores públicos más corruptos, según el índice de Estado de Derecho.

Felipe Borrego Estrada, consejero de la Judicatura Federal entre 2016 y 2019, señala en diferentes estudios por qué los jueces, tanto locales como federales, son desvalorados en México. Documenta que esto se debe a la inadecuada designación del personal administrativo y jurisdiccional, a la generación de redes clientelares, el nepotismo, los enroques injustificados y la falta de respeto al escalafón judiciario.

Lo anterior se confirma en un estudio realizado por el Consejo de la Judicatura, a través de su Secretaría de Adscripción y con apoyo de la Dirección General de Gestión Judicial, en el que indica que el Poder Judicial Federal tiene redes familiares de hasta 65 miembros. Señala que el 23.8% de los trabajadores tienen más de 4 parientes trabajando dentro de la institución y el 49% tiene por lo menos a 2. En el mismo Consejo de la Judicatura el 89.7% de las redes familiares son de 2 y hasta 5 familiares, 455 jueces y magistrados contrataron a hijos, esposas, tíos, sobrinos, cuñados. Alrededor de 7,148 funcionarios públicos de ese organismo comparten espacio laboral con algún familiar [Información recuperada del Padrón Electrónico de Relaciones Familiares (Oficio SEADS/1180/2022)].

La Reforma al Poder Judicial es impostergable. Ninguna democracia es respetable si prevalece la desconfianza en su sistema judicial. Un Estado fuerte, no es antagónico al interés de los mercados. Por el contrario, otorga certeza jurídica a los inversionistas y justicia social a las personas.

Cuando los tribunales devienen “mesa de subasta” para el mejor postor y la impunidad con la que los jueces operan se convierte en una patente de corso, sujeta a los caprichos y privilegios de una élite rentista y/o especulativa en control de las decisiones de los tribunales, pierde el mercado y la ciudadanía, como señala el periodista Jorge Zepeda Patterson.

Doctorada en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y Posdoctorada por la Universidad de Yale