Durante los sexenios anteriores a la 4T, los gobiernos de Estados Unidos intervinieron libremente en el control de los cárteles de la droga en México, a través de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia en 2018, se instrumentaron nuevas reglas a las agencias estadounidenses para moverse dentro del territorio nacional, aún vigentes con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Frente a la reglamentación que dio por terminada la “intervención pactada” entre ambos países, el presidente Donald Trump impuso una orden ejecutiva que designa organizaciones terroristas a seis cárteles de la droga en México. Declaración mediante la que el gobierno de EU se autoriza a sí mismo intervenir dentro del territorio mexicano.

El decreto trata de manera equivalente al terrorismo y los cárteles de la droga, sin distinguir que la finalidad del primero es conseguir un objetivo político, como lo enuncia la “Ley Patriota” (USA Patriot Act), publicada en octubre de 2001, a diferencia de los cárteles que tienen como intención obtener beneficios materiales y económicos a costa de lo que sea, sin importar posturas partidistas o ideológicas. Aunque ambos son deleznables y tendrían que ser erradicados, la acción de gobierno está dirigida a despejar el camino a los intereses de la oligarquía que hoy gobierna EU, no a detener la producción y distribución ilegal de drogas, ni el tráfico de armas.

En el pasado reciente, los grupos de poder en EU actuaban a través de representantes electos “democráticamente”, a quienes impulsaban para ocupar cargos de decisión en el gobierno. Después de las elecciones de 2024, en las que Donald Trump consiguió volver a la presidencia, la oligarquía tecno-feudalista controla directamente el poder político y el poder económico.

Declarar terroristas a los grupos de la delincuencia organizada en México, supone el uso del aparato estatal para justificar la introducción de dos realidades contradictorias que conviven dentro de un mismo modelo democrático, pervirtiéndolo.

Una primera realidad regida bajo un Estado de derecho y el principio de seguridad nacional. Universo que cuenta con la protección de fuerzas militares y un sistema judicial para proteger este caudal legítimo. Y una segunda realidad que corre a la par, donde prevalece la economía ilegal en la que el monto del capital y economía circulante es equivalente o superior a la realidad legal.

Las oligarquías concurren en ambas realidades. Gobiernan y administran la economía más importante del mundo desde la cúspide de la legitimidad democrática. Mientras forman parte de la economía ilegal en la que jueces, políticos, funcionarios públicos, banqueros y grandes empresarios, participan del andamiaje que conecta la realidad legal con la ilegal.

En este marco se inscribe la orden ejecutiva que designa como organizaciones terroristas a los cárteles de la droga en México. Una maquinaria perfecta, diseñada para que la oligarquía transite impunemente de los negocios ilícitos a su “purificación”. Se trata de un traje hecho a medida para que siempre ganen los mismos.

Doctorada en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y Posdoctorada por la Universidad de Yale