Desde 1994, año en que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, las empresas estadounidenses y canadienses han ingresado de lleno en el territorio mexicano para hacerse de nuestros recursos.

Un caso concreto es la actuación de las compañías mineras canadienses. Los abusos han ido a la par de la exacción del país, de mal en peor. Conflictos socio-ambientales con las mineras; incumplimiento de contratos (como la implementación de plantas tratadoras de agua, concesión de los servicios a los ejidatarios, etc.); utilización de cianuro para extraer oro; enfermedades respiratorias y en la piel; abortos y bebés con malformaciones; contaminación del medio ambiente; falta de consentimientos de las comunidades para los proyectos; enfrentamientos sociales; llegando a asesinatos y ataques con armas de fuego que se imputan a la acción de las compañías, entre otros conflictos, son el impacto en las regiones mineras de México.

Canadá, es un país conocido por su tradición extractiva de minerales, y se ha convertido en los últimos años en uno de los principales inversores extranjeros en minas en el mundo. No sólo en México las mineras canadienses avanzan explotando minerales y recursos, dejando una lista de quejas por violaciones a derechos humanos, a la salud y al ambiente. Varios países de América Latina registran conflictos similares. Pero las canadienses tienen la vista bien puesta en México y las autoridades cleptocráticas no se hacen del rogar. México es el primer destino de inversión en exploración minera en América Latina y el cuarto a nivel mundial

En nuestro país la entidad encargada de otorgar las concesiones mineras es la Secretaría de Economía. Bajo la ley federal vigente, las empresas extranjeras deben solicitar una concesión minera y operar a través de una empresa mexicana, pero la empresa local puede estar completamente en manos de extranjeros. Este acuerdo permite a los inversionistas tener la propiedad total sobre el funcionamiento de sus minas y sólo pagar los impuestos correspondientes.

La SE otorga las concesiones sin consultar a las comunidades donde se asentarán las minas, pese a que muchas son población indígena y México ratificó en 1990 el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, que garantiza a esos pueblos el derecho a ser consultados en lo referente a desarrollos en sus territorios tradicionales. La secretaría tampoco hace un estudio serio sobre los impactos en la región o sobre los beneficios para el país.

El discurso oficial asegura que las inversiones extranjeras en minería y las concesiones traen consigo proyectos de largo plazo, como la generación de infraestructura básica, estando en duda su cumplimiento. También se pondera la promesa de la generación de empleos en las regiones y una derrama económica para el país, pero las regalías y los impuestos son muy bajos, ya que las empresas mineras se llevan hasta 95% de las ganancias y son las comunidades locales las que pagan los costos por el impacto de su operación.

Según el especialista en temas financieros Carlos Fernández-Vega, sólo en 2010, el gobierno federal concesionó más de 4 millones de hectáreas para explotación de minerales. Los ingresos fiscales derivados de esas concesiones ascendieron a sólo 20 millones de dólares. En cambio los consorcios beneficiados tuvieron ingresos por poco más de 15 mil millones de dólares (cantidad que crece y se multiplica cada año), lo cual indica lo jugoso del negocio y el rápido apoyo de las autoridades a las compañías.

En cuanto a los empleos, son pocos y a corto plazo. Los impactos más graves para los territorios explotados, se generan hacia la fase de cierre de la mina. Entre 60% y 70% de éstas envían al drenaje ácido sulfúrico y el restaurar los sitios donde operaron costaría miles de millones de dólares, y nunca lo han hecho.

La impunidad de las empresas canadienses ha propiciado que compañías extranjeras chinas y estadounidenses utilicen sicarios en contra de activistas comunitarios. Ejemplo es Michoacán, donde la Procuraduría General de la República encontró relaciones de La Familia con empresas chinas para abastecerlas de mineral obtenido ilegalmente.

¿Pero qué hace el gobierno mexicano? Veamos un ejemplo. La embajada de México en Canadá, con Francisco Suárez al frente, presume en su página oficial “Historias de éxito: Empresas Canadienses en México, el caso de las mineras canadienses”, y señala que “Actualmente 230 compañías mineras canadienses operan en México, sin ningún problema -salvo un par de excepciones.

Y muchas de ellas pueden presumir de estar haciendo contribuciones muy importantes a la economía y al desarrollo de las regiones en las que operan.” Hasta aquí la página de la embajada. Sólo falto la dedicatoria a ese par de excepciones: “mátenlos en caliente”.

Consejero electoral del IFE en Querétaro