Llegó esa época del año en la que la Cámara de Diputados aprueba, con ciertos ajustes, el presupuesto para el gobierno federal. Con ello, los gobiernos estatales pueden concluir los procesos de planeación y aprobación de sus presupuestos locales. Aunque este tema parece demasiado técnico, es fundamental para la ciudadanía, puesto que permite identificar —más allá del discurso— en dónde están las prioridades de los gobiernos para 2022.

A nivel federal, es posible decir que los cambios de los diputados fueron mínimos en comparación con el Proyecto de Presupuesto de Egresos que entregó en septiembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Un presupuesto cuya prioridad es defender la soberanía energética, en vez de apostar por mayor inversión social que permitiría superar las trampas de pobreza en el corto y largo plazo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su cuenta de Twitter que el presupuesto para 2022 es una buena noticia, en particular para los beneficiarios de programas destinados a garantizar la salud, la educación, el desarrollo y el bienestar como nunca. Sin embargo, esto contrasta con las cifras del presupuesto. Mientras que el gasto destinado para “Combustibles y Energía” recibirá lo equivalente a 21% del gasto total (según la clasificación funcional), Educación recibirá poco menos de 16% del gasto total. ¿De verdad la gente es prioritaria?

Esta prioridad también se ve reflejada en los proyectos de infraestructura. De acuerdo con Fernando Valdés, analista de finanzas públicas del Imco, más de 55% de la inversión pública se destinará a proyectos relacionados con hidrocarburos. Los proyectos para la prestación de servicios de salud recibirán solo 1.7% del monto total de inversión, mientras que los de educación básica recibirán 1.7%. ¿Qué pasará con el equipamiento de hospitales para detectar y tratar mejor enfermedades crónicas? ¿Con qué recursos se van a reconstruir las escuelas abandonadas durante la pandemia o adaptar aquellas que necesitan obras para evitar contagios?

En este presupuesto destaca un aumento del gasto federalizado, es decir, de los recursos que reciben las entidades de parte del gobierno federal, las cuales son 5.3% mayores que las programadas para 2021 en términos reales. Es decir, regresaron a los niveles de 2019 después de haber sido recortadas durante dos años consecutivos.

En específico, Querétaro recibirá 8.7% más recursos de la federación para educación, salud y seguridad. Esto sin duda es buena noticia para nuestra entidad y las demás. Sin embargo, también es una manera en la que el gobierno federal traslada o comparte la responsabilidad para superar los principales problemas que nos ha acarreado la pandemia.

En ese sentido, como ciudadanos de la tercera entidad más competitiva del país —según el Índice de Competitividad Estatal 2021 del Imco— es fundamental saber qué hará el gobierno local con esos recursos adicionales. En específico, es necesario conocer qué acciones se implementarán durante 2022 para consolidar una entidad más segura, capaz de atraer más inversión y generar empleos formales.

También se deberán identificar acciones claras para el combate al rezago académico, el abandono escolar y los efectos en salud mental que ha dejado la pandemia.

El desafío no es menor, pero todas las entidades tienen una oportunidad para marcar diferencias y superar las diferentes crisis que llegaron con el coronavirus. ¿Querétaro está listo para ser el puntero con transparencia y rendición de cuentas?