Escribo esta columna con profunda tristeza, horror y miedo. México es un país en donde desaparecen mujeres y niñas, pero el Estado no lo considera prioritario.

En estos días, las redes han estado inundadas de la búsqueda implacable de Debanhi Escobar, quien no ha aparecido desde la madrugada del 8 de abril tras ir a una fiesta. Su caso ha despertado indignación y especial atención de parte del gobernador de Nuevo León y su equipo, pero no es el único. María Fernanda, Allison, Yolanda, Celeste, Sofía, Paulina, Jaqueline y Karen también han desaparecido en días recientes en la zona metropolitana de Monterrey. Todas ellas con familia, amigos, sueños y toda una vida por delante.

¿Son casos aislados como afirman las autoridades? ¿O más bien es algo sistémico que se debe a la falta de políticas públicas e instituciones efectivas?

En el caso de María Fernanda, quien apareció sin vida a principios de mes, se identificó un presunto asesino para quien el gobernador Samuel García ha pedido “todo el peso de la ley”. Aunque los mandatarios usan este tipo de frases para dar consuelo, son insuficientes y casi insignificantes ante las circunstancias que se viven en nuestro país. ¿Por qué?

Cada vez nos faltan más. Entre el 1 de enero y el 14 de abril de 2022, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas ha contabilizado 748 mujeres en dicha condición. Esto equivale a que siete mujeres al día se esfuman como si se las tragara la tierra. A esta cifra hay que sumarle a las 729 que han sido localizadas y las 12 que fueron encontradas sin vida. Muy pocas de ellas han recibido la misma atención que Debanhi o María Fernanda.

Ningún estado es seguro para nosotras. Hoy, los ojos están puestos en la Sultana del Norte, pero no es el único lugar en donde ocurre. Según los datos del Registro, 46% de las desapariciones se concentran en el centro del país (Estado de México, Ciudad de México y Morelos) mientras que otro 25% se reparte entre Jalisco, Nuevo León y Zacatecas. En Querétaro, a principios de abril buscábamos a Victoria Guadalupe, una niña de solo seis años a quien le arrancaron la vida al salir sola a la papelería.

Hay una visión miope de un problema estructural. Lo que no entienden las autoridades -ni gobernadores, ni alcaldes, ni el presidente- es que esto no debería de pasar. Ninguna niña, joven, mujer adulta o de la tercera edad debería de desaparecer ni morir por ser mujer. Ninguna de nosotras debería de vivir con miedo.

En un país en donde sólo 1.3% de los delitos se resuelven (IMCO, Índice de Competitividad Internacional 2019) es absurdo pensar que “todo el peso de la ley” o una promesa de cero impunidad son suficientes para desalentar a los agresores que saben que se saldrán con la suya sin tener consecuencias. Como bien escribió Melissa Ayala en Opinión 51, “nuestro sistema de justicia se encuentra, por decir lo menos, desbordado y es francamente ineficiente frente al desafío criminal que enfrentan”.

Hoy más que nunca, además de investigar y sancionar los casos conocidos, es urgente tejer una red de instituciones y acciones efectivas capaces de proteger a las mexicanas y prevenir este tipo de delitos que afectan hasta los territorios más atractivos para la inversión y el talento. ¿Qué gobierno estará dispuesto a ser reconocido por avances en este sentido?