Uno de los retos más complejos que enfrentamos los mexicanos es la dificultad para resolver conflictos. Si se considera que cada litigio representa un conflicto, las cifras formales nos permiten dimensionar que cada año ocurren aproximadamente 2.2 millones en México. Sin embargo, la realidad es que la mayoría de los conflictos nunca llegan a ventilarse en el ámbito institucional, sino que se “arreglan” informalmente, lo cual provoca inconformidades, insatisfacción e injusticia.
Este problema estructural es una fuente inagotable de rencor y de irritación social: las deudas que no se pagan, los contratos que no se cumplen y los asuntos familiares que no se arreglan, generalmente escalan hacia hechos de violencia. Resolver conflictos tiene un gran potencial pacificador, y por ello es tan importante crear tantos mecanismos como sea posible para resolverlos de manera rápida y eficaz.
Bajo esa lógica, la reforma constitucional de 2017 que facultó al Congreso de la Unión para expedir una legislación general en materia de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) tuvo como objetivo armonizar los procedimientos que permiten resolver conflictos en un ámbito distinto al jurisdiccional. El reconocimiento, homologación y estructura de estos procedimientos permitirá disponer de más medios para recuperar la armonía, la reconciliación y la paz social.
Entre los mecanismos alternativos que ya se realizan en el ámbito local destacan la mediación, la conciliación, la evaluación neutral, el arbitraje, la remediación y la negociación. Todos ellos tienen distintas particularidades, pero que tienen en común la posibilidad de las partes para gestionar entre sí mismas, o incluso de involucrar a un tercero, para resolver un conflicto.
Además de ser mecanismos que ya no requieren la intervención directa de instituciones gubernamentales, todos ellos fomentan la resolución pacífica, permiten descongestionar la carga de asuntos en los tribunales, ahorran tiempo y dinero, evitan las formalidades excesivas y promueven la cultura del diálogo. La sola implementación de estos mecanismos permitirá que los Poderes Judiciales puedan concentrarse en resolver asuntos relevantes y mejorar la calidad de la impartición de justicia.
Como Presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados estoy convencido de que la creación de una buena Ley General de “MASC” contribuirá a resolver una gran cantidad de conflictos en todo el país. Recientemente realizamos el primer foro en conjunto con el Senado de la República, con el cual iniciamos los trabajos para confeccionar esta ley, y en el cual se expusieron numerosos casos de éxito como el de Jalisco, donde los MASC han permitido que haya cerca de un 10% de casos de reconciliación en divorcios; o el de Puebla, en donde se ha calculado que resolver un conflicto en promedio no debe implicar gastos superiores a los 5 mil pesos.
La construcción de esta Ley es una demostración de voluntad política para buscar “cómo sí” resolver conflictos. Los mejores sistemas de justicia no son los que se congestionan de asuntos, sino los que logran que los desacuerdos se resuelvan el mismo día que surgieron. Estoy convencido de que esta nueva legislación será una buena aportación al esfuerzo colectivo de reconciliar a nuestro lastimado país.
