El año que comienza estará lleno de muchos retos para nuestro país en materia de justicia pero, antes de hablar de ellos, es buen momento para hacer un “corte de caja” para evaluar en dónde nos encontramos. La cuestión de la impartición y la procuración de justicia debe abordarse desde diversos ámbitos, pero en esta ocasión me centraré esencialmente en los avances que hemos realizado desde el Poder Legislativo.
Durante 2023, siete reformas impulsadas por la Comisión de Justicia fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, con lo cual se convirtieron en ley. Lograrlo no fue fácil: además de un muy complejo proceso de aprobación en la Cámara de Diputados, cada reforma requirió el aval de la colegisladora, el Senado de la República. Generalmente, pocos proyectos logran culminar exitosamente este proceso.
Una de las claves que explica la razón de su aprobación es el trasfondo positivo que implicará que ahora sean ley. Comenzaré por el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el ordenamiento más novedoso e importante de las últimas décadas que está destinado a evolucionar por completo el sistema de justicia civil y familiar. Procesos más ágiles, menos costosos y en donde se priorice la resolución de los conflictos y el respeto a los derechos humanos, serán algunos de sus muchos beneficios, que impactarán directamente a la mayor parte de los procesos judiciales que se realizan diariamente en todo el país.
Una de las mayores prioridades de las reformas logradas es la protección de niñas, niños y adolescentes. Para ello, en el ámbito civil y familiar logramos la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, una reforma que simplificará el acceso a las pensiones alimenticias y que ayudará a garantizar que los deudores alimenticios cumplan en tiempo y forma. Por otro lado, en materia penal logramos una reforma histórica: que los delitos sexuales cometidos contra menores de edad sean imprescriptibles. Esta reforma permitirá que las víctimas puedan tener acceso a la justicia sin importar el tiempo transcurrido desde que se haya cometido el delito.
Una reforma más que tiene como objetivo proteger a la niñez es la que tipifica como delito la cohabitación forzada de menores de edad, que en los hechos se conoce como matrimonio infantil. Con ello, lograremos que cada niña, niño y adolescente pueda decidir en libertad cómo desarrollarse hasta la edad en que pueda tomar decisiones por sí mismo. En otro ámbito, también logramos la aprobación plena de una reforma que replanteó la persecución de los delitos ambientales relacionados con la tala ilegal, lo cual ayudará a proteger el medio ambiente.
Finalmente, pero no menos importante, una de las reformas insignia del 2023 fue la #LeyReyna, una reforma para prevenir, investigar, sancionar, perseguir y reparar de manera integral el feminicidio. Esta reforma fue tan amplia y adelantada que prevé incluso la pérdida de la patria potestad para los casos en que el padre de los menores de edad sea el feminicida, reforma también conocida como #LeyMonzón. Aún falta camino por recorrer, pero no queda duda de que el año que finalizó logramos trazar la ruta correcta para lograr un país más justo y en paz.
