La impunidad es uno de los problemas más graves que enfrenta nuestro país. De acuerdo con datos de México Evalúa, en 2022, en el 96.3% de los casos que conoció la autoridad ministerial no hubo atención, investigación o resolución de los casos. Sin embargo, la continuidad del proceso penal no implica que llegue a haber una sentencia condenatoria, porque a lo largo del mismo ocurren actos relevantes que pueden derivar en la conclusión anticipada sin que llegue a determinarse un responsable del delito que se persigue.

El proceso penal está diseñado bajo una visión de respeto y garantía de los derechos humanos y tiene como objetivos el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y reparar los daños causados por el delito. Desafortunadamente no todos estos objetivos se concretan, pues en las diversas etapas del proceso el cumplimiento de alguno de estos objetivos impide garantizar los demás, lo cual no significa que sean contrarios entre sí, sino que a veces no hay elementos legales o institucionales suficientes para garantizarlos.

El control judicial es uno de los elementos que se diseñó para verificar que los actos de la policía o del Ministerio Público cumplan con el marco de derechos humanos y los principios constitucionales que rigen al sistema penal acusatorio. Un juez de control está encargado de la revisión de la legalidad de actos como la detención, el cateo, la intervención de comunicaciones, entre otras. Sin embargo, una vez que el juez ha tomado una determinación es prácticamente imposible que esta sea revisada o revocada, lo cual crea un espacio donde el error, la divergencia en el criterio o incluso la corrupción puedan derivar en impunidad.

Es larga la lista de casos de la vida cotidiana en que, por ejemplo, un control judicial termina en la libertad de una persona que a todas luces era culpable. Este tipo de casos, aunque sean jurídicamente correctos, son percibidos como fallas del sistema de justicia y tienen como consecuencia que las personas cada vez confíen menos en las autoridades ministeriales y judiciales. El fortalecimiento de la confianza en el sistema de justicia también pasa por la creación de mecanismos que permitan verificar que una determinación no resulta perjudicial para las víctimas.

Por ello, presenté una iniciativa que ya fue aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados para permitir que se amplíe la lista de resoluciones de los jueces de control que se puedan revisar mediante el recurso de apelación. Esto no significa darle la razón automáticamente a ninguna de las partes, simplemente permitir que una segunda instancia (en este caso un tribunal de alzada) pueda revisar que la determinación pondera correctamente los derechos y busca el menor perjuicio para las víctimas.

Con esta reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales lograremos un impacto directo en la vida cotidiana de todos los mexicanos, con el beneficio inmediato de que ahora las víctimas y las Fiscalías podrán apelar los casos en los que la libertad de un acusado o la eliminación de ciertas pruebas, se traduzcan en injusticia. Esta reforma es un ejemplo más de nuestro esfuerzo permanente para eliminar los resquicios del sistema de justicia por donde aún se cuela la impunidad.