Durante los años posteriores a la pandemia por Covid-19 se han hecho más comunes los casos de personas a quienes defraudan por Whatsapp, otras redes sociales o inclusive a quienes les “clonan” sus cuentas o información bancaria. El uso más frecuente de medios digitales y tecnologías de la información ha expuesto a la sociedad a nuevas formas para cometer delitos y, por supuesto, las leyes deben cambiar para proteger mejor a las personas.

De acuerdo con datos de la Condusef, de enero a junio de 2022 se llevaron a cabo aproximadamente 12,837 fraudes por medios virtuales. Sin embargo, la cifra negra que oculta muchos de los delitos que se cometen en nuestro país y que ronda el 96% de los casos, nos hace pensar que en realidad fueron muchos más. Seguramente usted conoce algún familiar o persona cercana que fue víctima de estos hechos.

Los medios digitales tienen diversas características que permiten evadir las investigaciones o hacer complicada la determinación de las personas que realmente cometieron los hechos. Por ello, pueden convertirse en un medio atractivo para la delincuencia para empezar a estafar a las personas. Esto obliga a las fiscalías y a las corporaciones policiales a tener mejores herramientas para investigar y perseguir estos hechos.

Desde la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados estamos trabajando para impulsar una nueva reforma que atienda de manera integral estos ilícitos. Uno de los problemas principales para las autoridades de procuración de justicia comienza porque las entidades federativas han empezado a legislar en la materia pero no han establecido correctamente las conductas que deben perseguirse ni han determinado con exactitud cuáles son los bienes jurídicos que deben protegerse en estos casos.

La propuesta que actualmente se encuentra en análisis pretende aportar un nuevo tipo penal para los casos en que una persona se apropie ilícitamente de la identidad o de las características que permiten individualizar a otra persona; este tipo penal se denominará usurpación de identidad. El modelo propone sancionar en primera instancia la apropiación no consentida de la identidad de una persona y, en función de los resultados, establecer agravantes para la pena principal.

El nuevo tipo penal que proponemos establecer contemplará los casos en los que se obtiene lucro o beneficio a partir de la usurpación de la identidad de otras personas. También se sancionará con más fuerza a los servidores públicos o a los especialistas en informática que utilicen indebidamente sus conocimientos para perjudicar a la sociedad.

Uno de mis objetivos prioritarios como Presidente de la Comisión de Justicia es aportar elementos para reducir la impunidad que domina nuestro país. Este objetivo pasa por muchas acciones, pero las más concretas e inmediatas implican establecer como delitos aquellas conductas que son resultado de los avances tecnológicos o de nuevas dinámicas sociales. Con la tipificación como delito de la usurpación de la identidad, daremos más herramientas para garantizar la justicia y evitar que nadie se haga pasar por ti.