Los proyectos de reformas constitucionales y legales que preparan el gobierno de AMLO y Morena para atacar múltiples frentes tienen por común denominador la regresión autoritaria y la destrucción de los ingredientes democráticos que penosamente hemos conseguido como país incorporar en nuestra Constitución política. En el paquete de reforma judicial los blancos en la mira de la regresión son muchos. La independencia del Poder Judicial estableciendo tribunales especiales para jueces (prohibidos en el Art. 13), la presunción de inocencia, el debido proceso, la restauración del arraigo arbitrario, la validación de pruebas conseguidas por medios ilícitos, la legalización del espionaje en materia electoral o fiscal, los cateos sin orden judicial y la censura de medios se encuentran entre los más graves. En la misma semana el jefe de los senadores de Morena ha propuesto reformar el Juicio de Amparo para limitarlo de manera que “no se interponga con los proyectos del presidente.” Estas medidas tendrían dos efectos perniciosos: crear culpables automáticos sin medios para defenderse justamente y autorizar al Poder Ejecutivo a usar el poder arbitraria y despóticamente. En caso de volverse ley, las consecuencias de estas reformas serían la pérdida de derechos y garantías y el acallamiento de los medios de comunicación ante la comisión de atropellos “legales” por parte de las autoridades ministeriales.
La introducción del sistema penal acusatorio hace 10 años no fue acompañado de las necesarias medidas de actualización de las capacidades de investigación y persecución por parte de la PGR, hoy FGR, ni por la mayoría de las fiscalías estatales. Esto fue negligencia e incompetencia, cuando no complicidad de funcionarios con el crimen. Ahora esas fallas se quieren compensar dando mayor poder arbitrario. El aumento de la violencia y la criminalidad hace arder las entrañas del gobierno, que no diagnosticó adecuadamente el problema para reconstruir las capacidades de combate al crimen con el respeto a los derechos constitucionales. Los anteproyectos de reformas tienen por denominador común la incompetencia inconfesa de las instituciones correspondientes. La procuración de justicia está rebasada y neutralizada; la fiscalía parece haber llegado a la conclusión de que solamente violando derechos humanos y otros derechos constitucionales y convencionales puede perseguir la delincuencia.
La desesperación se apodera del grupo gobernante y de su titular, que es la cabeza absoluta del grupo. La urgencia por dar los resultados que no ha podido ofrecer dispara reacciones autoritarias no vistas desde que el PRI era hegemónico. Si se concretan las reformas se estará rompiendo el novel equilibrio entre sociedad y Estado que empezaba el despuntar de la larga noche autoritaria sobre la casi totalidad de la historia de la República. Vamos de regreso.
El método que se utiliza para hacerlo es el mismo que utilizaron la dictadura porfirista y los triunfadores de la revolución mexicana: la “destrucción constitucional de la Constitución.” Como lo describe Emilio Rabasa en La Constitución y la dictadura (1912), el método de la dictadura porfirista fue hacer retroceder el ideario liberal en la Constitución de 1857 mediante el abuso de la facultad de enmienda que en ella misma está escrita (hoy artículo 135). Lo mismo hicieron los gobiernos postrevolucionarios a partir de 1928. El resultado fue hacer inviable la democracia política, los equilibrios de poderes y los derechos políticos de la ciudadanía, esos desde lo cuáles se rige a todos los demás derechos. En las últimas décadas México democratizó su sistema electoral, pero no le alcanzó para desmontar el ejercicio despótico del poder. Esta trágica dualidad nos acerca de nuevo al desfiladero del autoritarismo.
Académico de la UNAM. @pacovaldesu
