El 30 de enero el presidente de la República cargó contra el INE implicando que esa institución o algunos de quienes la encabezan fueron cómplices del “fraude de 2006” que, sin pruebas, él da por supuesto. “Jamás el INE había enfrentado en sus 30 años de historia un clima tan hostil en su contra como ahora” señaló hace unos días su consejero presidente Lorenzo Córdova ante la proximidad de la sustitución de cuatro miembros del Consejo General.
Desde que empezó, este gobierno ha manifestado de jure y de facto su interés por controlar órganos autónomos para alinearlos a sus designios. Así ha ocurrido con cada uno en que ha habido nombramientos en sus instancias colegiadas. No debe extrañar que un gobierno con mayoría en el Congreso (si bien conseguida a través de burdas maniobras), aspire a situar a sus adeptos en los órganos del Estado junto con los cuales le toca gobernar. Esta aspiración y las consecuentes acciones no pueden ser calificadas como juego sucio, excepto si son violatorias de las normas pactadas. Y en esta frontera de lo no permisible es donde aparece el fantasma de la ilegitimidad. Cuando se fuerza una designación por encima de las normas jurídicas queda en evidencia el juego sucio, como fue el caso del nombramiento de la Sra. Piedra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Como resultado de esta decisión espuria observamos un lamentable desempeño de la CNDH en un momento del país en que más urgente es que use sus facultades.
La naturaleza autónoma de varios órganos constitucionales proviene de la necesidad de que cumplan sus funciones sin la intervención sesgada del gobierno en turno a favor de su partido o de sus favoritos. En el caso del INE la autonomía le viene a consecuencia del siglo en que México vivió bajo el dominio del autoritarismo, primero en el porfiriato y después durante el priato. Su autonomía fue instaurada como resultado de la lucha por quitar al gobierno el control del voto para devolverlo a los ciudadanos. Cuando este control regía no había competencia electoral, ni oposición que pudiese llegar al gobierno. Los ciudadanos de México no podíamos sacudirnos a los malos gobiernos por medio de las urnas, porque el poder se heredaba por dedazo desde arriba. El gobierno y su partido controlaban los hilos del poder y, naturalmente, eran los campeones de la arbitrariedad, de la corrupción y de la impunidad. El que no comía de su mano estaba condenado a errar en el desierto y ser pasto de la exclusión. Así pasaron muchas generaciones.
Desde fines del siglo pasado y gracias a las luchas por reivindicar los derechos políticos salimos de esa larga pesadilla. Conseguimos que la autoridad electoral fuera autónoma e independiente, designada por mayoría calificada de la Cámara de Diputados y sin intromisión del presidente para que realizara sus funciones con plena transparencia frente a la ciudadanía. El INE ha cumplido y debería recibir el apoyo de la sociedad para continuar realizándola, so pena de perderlo como institución autónoma del Estado. El INE, al igual que otras instituciones, es del Estado y no del gobierno; es decir, es de todos por igual y no pertenece a la mayoría que temporalmente ocupa el gobierno.
Por todo esto, es indispensable que el Congreso cumpla su deber a cabalidad y designe a las personas que se incorporarán al Consejo General sin sesgo partidario y sirviendo a una sola finalidad: la integridad del poder de los ciudadanos mexicanos para ejercer la facultad constitucional de elegir y remover libremente a sus gobernantes.
Académico de la UNAM.@pacovaldesu
