Entre los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se configuran ya tres grupos.

Uno integrado por aquellos que se han pronunciado públicamente por mantener el estado de cosas y que rechazan la elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces.

Otro grupo está compuesto por ministros que ven como inevitable la adopción de los nombramientos por voto popular, pero que se pronuncian por un cambio escalonado.

Y una tercera fracción, públicamente integrada solo por la ministra Lenia Batres, que por el cambio total de los integrantes de la Corte en elecciones abiertas.

El primer grupo, que argumenta a favor de mantener la situación actual, advierte que los cambios pueden “descomponer” cosas que sí funcionan, pueden permitir la llegada de perfiles no aptos y exponer a los juzgadores ante diversos poderes fácticos.

Asimismo, solicitan mayor presupuesto para aumentar las capacidades de impartición de justicia. Jueces de distrito, proyectistas y actuarios enfrentan una sobrecarga de trabajo, lo cual impacta negativamente en la ciudadanía.

El segundo grupo de ministros, que ve inevitable la elección popular, se pronuncia por un cambio gradual, que las elecciones sean escalonadas para salvar del caos los asuntos en trámite. Esto permitiría ir conforme a la ola del 2 de junio sin interrupciones caóticas, aseguran.

Y en contra de la gradualidad, la ministra Batres señala que el cambio escalonado hace imposible la vigencia del artículo 127 constitucional, el cual estipula que no habrá servidores públicos que tengan percepciones mayores a las del Presidente.

Ese texto se ha vuelto letra muerta al contraponerse con los derechos adquiridos por el personal en funciones.

No puede haber, por principio e igualdad, ministros que ganen más que el presidente y otros que ganen menos si todos realizan el mismo trabajo.

La renovación en bloque permite que los nuevos integrantes tengan un nuevo régimen de prestaciones acorde con el texto constitucional.

Contra la postura de Batres se argumenta la posibilidad del caos, la crisis económica y la irrupción de personas incompetentes frente a las necesidades técnicas de los órganos jurisdiccionales.

Sin embargo, el resultado de las elecciones del 2 de junio le da legitimidad, es un mandato mayoritario.

Una Suprema Corte (y un INE) que hubiera sorteado la ola del 2018 con mayores gestos de austeridad, apertura, didáctica y autocrítica en la cúpula estaría en mejores condiciones de negociar hoy.

Los ministros, con gestos simbólicos de sintonía con el momento político, tendrían cartas suficientes para negociar la ampliación presupuestal que sí urge para ampliar las capacidades operativas de los órganos jurisdiccionales.

Consultor, académico y periodista