En México, migrar es un derecho humano. El artículo 11 de la carta magna, modificado en el año 2011, establece que “Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes”.

Ese derecho a migrar para los mexicanos, al menos dentro del territorio nacional, tiene dispositivos correlativos pero incompletos en el derecho internacional. La declaración universal de los derechos humanos establece en su artículo 13 que “toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado” y que “toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, ya regresar a su país”.

El derecho a migrar se limita a “la salida” de un territorio controlado por un Estado, pero para el ingreso, la omisión en los textos normativos da potestad a una “reserva de admisión”. Ese derecho de “admisión” faculta a los gobiernos a ejercer la discriminación y exigir requisitos diferenciados en función del país de origen de la persona.

Un hueco normativo cuela un trato diferenciado entre estados e individuos a pesar de que la propia declaración de derechos humanos reconoce que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. A igual dignidad debería haber trato igual.

El derecho a “salir” de un territorio junto al “derecho de admisión” en un mundo absurdo como el que vivimos lleva a situaciones legales pero inhumanas. Nos lleva a hablar de las personas como si fueran objetos indeseables, convierte a las personas en problemas, a la deshumanización, fenómeno que los regímenes totalitarios usaron para sus respectivos holocaustos.

La limitación del derecho de tránsito en vastos territorios es una invención relativamente reciente en la historia de la humanidad. Viene con la adopción del concepto “Estado-Nación” hace escasos 200 años. La concepción de Derechos Humanos es aún más reciente.

La deshumanización de la migración, la problematización del migrante, da pie a generar falacias discriminatorias. Cambiando el enfoque, dejando de lado los prejuicios, los migrantes al integrarse contribuyen a la economía. Al trabajar producen bienes y servicios, al recibir un salario y consumir pagan impuestos, que a su vez nutren la hacienda pública de un Estado. Sin embargo, siempre es más fácil hacerse de la vista gorda de los beneficios y justificar tratos indignos so pretexto de “hacer grande a América de Nuevo”.

Consultor, académico y periodista