Mucho se ha insistido que el internet es la nueva ágora. El nuevo espacio público. El lugar donde confluyen las personas para intercambiar opiniones, bienes y servicios. Es la nueva calle con tiendas, kioscos de periódicos pero también peligros.

Y como espacio público entraña peligros. Así como se regula que en los establecimientos comerciales no se venda sustancias como alcohol o cigarros a niñas, niños y adolescentes, hacen falta regulaciones para el espacio público digital.

Sin embargo, las regulaciones han de hacerse con cuidado para que no afecten las libertades que las ciudadanas y ciudadanos ejercen, al tiempo de velar por el interés superior de las infancias.

Si hay que cometer errores, que éstos sean a favor de las libertades, pero también a favor de proteger a las niñas, niños y adolescentes.

En algunos sectores se ha cuestionado el afán “prohibicionista” de la llamada “Ley Kuri”, que agrupa una serie de medidas para regular los entornos digitales donde conviven nuestros hijos.

Una primera medida, de carácter administrativo, implica la restricción de dispositivos móviles en las aulas de las escuelas de educación básica y media superior.

Otra, el agravamiento del tipo penal de “grooming”, o acoso y suplantación de identidad en perjuicio de las niñas y niños.

El tercer elemento es una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que establece requisitos y filtros para limitar que personas menores de edad accedan a las plataformas.

Sin embargo, los riesgos no se limitan a las redes sociales. Hay una serie de contenidos que pueden clasificarse y limitarse según la edad del usuario.

La tarea se puede hacer desde casa, con aplicaciones y configuraciones de hardware que se denominan controles parentales.

Dichas configuraciones son poco accesibles para la mayoría de los usuarios. Ahí las empresas que proveen acceso a internet (ISP por sus siglas en ingles) pueden colaborar.

Los puntos de acceso que instalan en cada hogar pueden tener restricciones de tráficos ciertos contenidos por defecto, como pornografía o violencia.

Si esos contenidos son limitados para los concesionarios de radio y televisión, hay formas de extender esa normativa a los contenidos digitales, pero requiere colaboración de los legisladores, gobiernos, empresas y usuarios.

Consultor, académico y periodista