El diseño institucional del Estado Mexicano es hoy una especie de Frankenstein. Monstruoso, parchado y mutilado.

La desconfianza en las autoridades y los reclamos opositores durante décadas ha hecho que agreguemos estructuras administrativas que para otras latitudes son inusuales.

Basta comparar las “ramas” de gobierno de Estados Unidos y la proliferación de órganos autónomos que creamos en México para darle independencia a diversas funciones que antes correspondían al Ejecutivo Federal.

Lo mismo ocurre con el Poder Legislativo. Su estructura se ha modificado varias veces en los últimos 50 años.

En 1970 se instaló la cuadragésima octava legislatura. En ella, la oposición política tenía una representación mínima. El 100% de los 60 senadores correspondía al Partido Revolucionario Institucional. En la cámara de diputados el PRI tenía 178 de los 213 legisladores.

Con la reforma electoral de 1976 el número de diputados federales aumentó a 400, de los cuales 300 son de mayoría relativa y 100 se asignaron a los “diputados de partido”.

Las reformas político electorales se han sucedido hasta llegar al diseño actual con 300 legisladores electos en distritos y 200 por representación proporcional.

El senado también “creció” de 60 legisladores a los 128 actuales. Actualmente se asignan 2 escaños a quien gane una entidad federativa, un escaño al segundo lugar y 32 más de la “lista nacional”, según el porcentaje de la votación.

Esta composición privilegia, de entrada, a los partidos políticos que obtienen victorias en los distritos electorales.

Los 200 legisladores de representación proporcional, asignados de acuerdo con los porcentajes de votación, reducen en alguna medida la “sobrerrepresentación” de quienes ganan distritos, donde el que gana se lo lleva todo.

La suma de parches al diseño institucional ha dejado un Poder Ejecutivo con funciones que se han trasladado a la cuarta rama de gobierno de los organismos autónomos (FGR e INE, que en otras latitudes siguen siendo responsabilidad de los Ejecutivos).

El caso del Legislativo, ha derivado de un híbrido entre el sistema de EEUU y el parlamentarismo europeo. El sistema de distritos parece funcionar para un sistema bipartidista como el estadounidense, pero no para el caso mexicano.

Y el judicial, al menos en las encuestas, deja poco conforme a la mayoría de la población, pero su adecuación hace que otros sectores pongan el grito en el cielo.

Ajustar el diseño institucional de México, para que sea un traje a la medida y no una colección de remiendos, es una reforma del Estado Mexicano. Su proceso es necesario para limar las tensiones por un diseño inadecuado, pero es poco probable por las resistencias al cambio, tanto de quienes ganaron como de quienes perdieron el 2 de junio.

Consultor, académico y periodista