Diversos actores de instituciones públicas, privadas y medios de comunicación han enarbolado narrativas de disuasión ciudadana, a pesar de que en el membrete se autodenominan promotoras de la democracia.
Hay quienes desacreditan la próxima elección del poder judicial tachándola de farsa, de ser un asunto completamente arreglado de antemano para el cual ya hay resultados predefinidos. Eso hace a la elección un despilfarro de dinero, un sin sentido.
Por ejemplo, la presidenta de Coparmex Querétaro, la cúpula empresarial, señaló que no coinciden con el “espíritu democrático” del proceso en marcha al que consideran más una imposición que una democrática.
El principal riesgo de la elección judicial es una baja participación. Una votación magra daría una escueta legitimidad a quien quiera que llegue a los cargos del poder judicial, justo lo opuesto que se buscaba al aprobar la reforma.
En la promoción de la elección judicial el propio Instituto Nacional Electoral está quedando a deber.
Las boletas serán mucho más complejas que las elecciones partidistas que hemos visto hasta el momento. La forma válida de votar es distinta y a la fecha la comunicación de la fecha de la elección, la fecha del inicio de las campañas y de las formas correctas de votar ha sido tímida.
En el proceso ha habido un sinnúmero de obstáculos que han generado confusión.
La incertidumbre de la validez o invalidez del proceso del constituyente permanente, los amparos desde jueces sin competencia, el desacato a los amparos desde el Tribunal Electoral tampoco ha ayudado.
A eso se suma también el desinterés de algunas legislaturas, como la queretana, en cumplir con los plazos constitucionales para aprobar los cambios en el orden estatal.
Los gastos limitados para promoción de las candidaturas, la ausencia de mecanismos institucionales para difundir perfiles, tampoco abonan a un trompicado proceso.
La reforma judicial enfrenta semanas cruciales para motivar a la población a participar en la organización y votación.
Consultor, académico y periodista
