Las promesas sin cumplir mellan la confianza en cualquier relación. Ya sea un vínculo matrimonial o uno entre la sociedad y su clase política.

El cumplimiento de las promesas de campaña abona tanto al capital político de un personaje en concreto como al buen nombre de la democracia.

Los ofrecimientos electorales, en gran parte de los regímenes democráticos, se convierten en mandato cuando son avaladas por las urnas.

A las elecciones, Morena y sus aliados se presentaron con el ofrecimiento del llamado “Plan C”, que implica diversas modificaciones a la constitución, entre ellas una reforma al Poder Judicial.

Dicha reforma se ha vuelto el centro de la conversación pública ante la avalancha electoral del partido guinda el pasado 2 de junio.

Cada una de las objeciones que se hacen contra elegir a jueces, magistrados y ministros ya se actualizan con el actual sistema de nombramientos.

Se advierten riesgos a la independencia de quienes tienen que impartir justicia, lo cual es a la vez uno de los argumentos esgrimidos por el presidente López Obrador.

El ejecutivo y su partido acusan una marcada subordinación del Poder Judicial ante poderes fácticos como los grandes capitales o el crimen organizado.

No habrá un método de elección que garantice independencia política o económica de los juzgadores.

Hay que reconocer que el Poder Judicial es un actor político. Que los ministros actuales fueron nombrados bajo el sello de los presidentes anteriores, así como es notoria la vinculación ideológica de la ministra Batres con López Obrador.

El quid del asunto tiene que ver con la legitimidad, más que con la vinculación política. Si se buscara tener el control del Poder Judicial, con la ley actual, solo bastaría con dejar pasar el tiempo y usar los mecanismos ya establecidos.

Habrá que ver una terna propuesta por la titular del Poder Ejecutivo. Si la propuesta no obtiene mayoría calificada, en una segunda ronda podrá ser designada directamente por Claudia Sheinbaum.

Bajo ese mecanismo, la oposición acusará que el Poder Judicial está sometido al actual régimen, reclamo similar que hay hecho la 4T respecto de los ministros nombrados por Calderón y Peña Nieto.

El tema pasa, más bien, por la apropiación ciudadana de dicho Poder. La discusión pública previa, se apruebe o no, ayuda a tener ciudadanos con mayor consciencia en uno de los tres poderes que habitualmente pasaba de noche.

Con solo fomentar la conversación pública, la democracia gana, se apruebe o no la reforma en ciernes.