Una semana de haber recibido la constancia de mayoría como presidenta electa; y a semanas de tomar posesión como (vice)presidenta, el ambiente creado por AMLO augura una severa crisis política y económica a inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum.

Apoyado en los 35.9 millones de votos que obtuvo para Sheinbaum, una parte de ellos gracias al uso clientelar de programas sociales, AMLO se siente autorizado a realizar las reformas legales que hundirán al país. Con una lectura convenenciera y tramposa presionó a sus representantes en el Instituto Nacional Electoral y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que otorguen la sobrerrepresentación a la coalición de Morena, y con ello consolidar su proyecto autoritario y antidemocrático.

El silencio cómplice del PAN también lo faculta a seguir adelante en sus planes. El PRI, según se dice, negocia el reconocimiento de Amlito como su presidente a cambio de los votos que la coalición de Morena requiere en el Senado para aprobar las reformas.

El ilegal e inconstitucional otorgamiento de la mayoría calificada por parte de los morenizados INE y TEPJF, abre las puertas para que su Plan C se lleve a cabo, comenzando por la destrucción del Poder Judicial y la desaparición de los organismos autónomos.

Previendo el otorgamiento de la sobrerrepresentación a la coalición Juntos hacemos historia, el Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Mexicano de Negocios, a través de un comunicado, llamaron al INE y al TEPJF a asignar diputaciones plurinominales en el Congreso “de acuerdo con una interpretación sensata, justa, equilibrada y apegada a la Constitución, ya que una sobrerrepresentación podría distorsionar el debate público y perjudicar la toma de decisiones democráticas”.

En respuesta a los principales dueños del capital, el presidente les recordó que gracias a él creció su riqueza durante su gobierno; los acusó de pedir que se viole la Constitución, de sentirse dueños de México y querer tener a sus pies a jueces y ministros; y los reto a dar la cara y definirse personalmente, no a través de siglas.

Los que sí se han definido son los trabajadores sindicalizados y jueces y magistrados del Poder Judicial, que se fueron a huelga por el daño que le haría a la justicia la elección de juzgadores; lo mismo hicieron los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, quienes señalaron el riesgo que esta medida representa para la democracia nacional y para el avance del T-MEC, así como la posible infiltración del narcotráfico en este proceso. Además de que esta medida no soluciona la corrupción existentes en la procuración e impartición de justicia ni fortalece al Poder Judicial.

Un riesgo adicional sería la reducción de la calificación crediticia y de riesgo de México, que propiciaría la fuga de capitales y la desaceleración económica. Frente a esto, Diego Valadés, Investigador Emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, vislumbra el interés de AMLO por eliminar la restricción legal por la que el Banco de México no puede financiar programas de gobierno, con lo que podría dilapidar los 230 mil millones de dólares que tiene bajo su resguardo esta institución, como lo hizo con otros fondos y fideicomisos, entre ellos los ahorros de los trabajadores en las Afores.

Ante la posible crisis, los mexicanos requerimos definirnos y denunciar la manipulación y el atraco de los populistas en contra de la democracia de este país.

Periodista y maestro en seguridad nacional.