El uso de la corrupción como arma de control político se ha convertido en un elemento identitario de la mal llamada 4T para garantizar la lealtad de los subalternos, el terror de los enemigos, favorecer a los cercanos o doblegar a adversarios y a traidores.
Los exitosos chantajes a personajes estratégicos como el ministro Alberto Pérez Dayán, los panistas Miguel Ángel Yunes (padre e hijo), los senadores perredistas Araceli Saucedo y José Sabino, y el senador de MC Daniel Barreda -por tener cola que les pisen o precio al que les lleguen- han permitido avanzar a Morena en la instauración del modelo autoritario para los próximos 30 años, cuando menos.
La prioridad de la 4T no es instaurar el Estado de derecho, el imperio de la ley o sanear el ambiente social previniendo su existencia o castigando a los corruptos, porque es potestad del tirano administrar lo que llaman justicia: determinar quién es corrupto y quién no; si la ley se aplica o no; a quién se castiga y a quién no.
El marco legal vigente (que incluye la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción y el Código Penal Federal, entre otras) y las instituciones creadas para su combate, se utilizan como un mecanismos de control y persecución política contra quienes señale el tirano.
La libre práctica de la corrupción -sobornos, desvío de fondos, tráfico de influencias, etc.-, constituye un pacto, una ley no escrita que garantiza la lealtad y dependencia de los cercanos, y el sometimiento de los opositores; una estrategia que debilita o anula contrapesos, oposiciones u obstáculos. La corrupción facilita la creación de espacios de poder subordinables dentro de la burocracia y fuera de ella (empresarios, narco delincuencia, opositores, sindicatos, etc.); es tan dúctil que evoluciona y se adapta a cada circunstancia; se expande a aquellos sectores de poder a controlar; y crea mecanismos de autoprotección para garantizar los mutuos beneficios.
La normalización de la corrupción adormece y destruye la moral social y anula el papel del Estado como garante de la justicia, el progreso y el bien común. A pesar del daño moral y económico esta suele justificarse sectorialmente cuando hay beneficios asociados: negocios para los empresarios, programas sociales para los pobres; dinero y espacios de poder para los políticos; recursos económicos para los medios de comunicación; impunidad para la delincuencia organizada; altos dividendos para los inversionistas y muchas más.
La corrupción garantiza la estabilidad y el orden del régimen, cuya homeostasis se pierde cuando un actor entra en disputa con el tirano o con sus intereses. El rostro permisivo del benefactor se transforma en persecutor y represor, aplicando al insurrecto el poder del Estado.
La 4T tiene en su ADN el gen de la corrupción como elemento aglutinador y de expansión: pepena corruptos, corrompe ingenuos, brinda impunidad a los leales, doblega rebeldes y castiga a los traidores.
Los Ovalle, Barttlet, López Gatell, Batres, Bejarano, Delgado, Durazo, López Beltrán, Alcalde, Monreal, López Hernández, Rocha Moya, Yunes y demás apóstoles y conversos de la truculenta 4T, gozan de impunidad siempre que no desafíen a su fundador.
La doble moral, el desprecio por la ley, la demagogia y la mentira que caracteriza al morenismo -como les enseñó el demagogo AMLO-, se ha vuelto norma de conducta, cinismo y desvergüenza para quienes actúan como nuevos ricos, paradójicamente, en nombre de los pobres.
Periodista y maestro en seguridad nacional
