El clamor del alma de los desaparecidos en México ha encontrado eco en el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, cuyo Consejo ha determinado —a partir de la información aportada por la 4t y su segundo piso— estudiar la viabilidad de aplicar el artículo 34 de la Convención Contra la Desaparición Forzada, por el que se puede, con carácter urgente, poner a consideración de la Asamblea General de la ONU la situación de México.
Como en El exorcista, la cabeza de los morenistas ha girado 360 grados y de su boca ha salido toda clase de inmundicias contra el presidente de dicho Comité por haber cometido el delito de exponer el caso mexicano de la forma como lo hizo —señalando que la situación es generalizada y sistemática—, sin que esto estuviera contenido en el informe.
De manera concertada, Palacio Nacional, la dirigencia de Morena, la presidencia morenista del Senado, la FGR, la inútil CNDH, la titular de la Segob, los jilgueros morenistas y sus bots, han salido a posicionar la política negacionista: no hay participación —sistemática— del gobierno en la desaparición; rechazar el informe y pedir la renuncia del presidente del Comité.
Lo que los morenistas no quieren ver, en su negacionismo, es que el 47% de los casos documentados de desapariciones involucran a servidores públicos de los gobiernos federal, estatal y municipal —no es que el gobierno haya dado la orden de desaparecer personas—; la existencia de casi 6 mil fosas clandestinas; el reconocimiento oficial de 199 mil asesinatos y 52 mil desaparecidos en el sexenio anterior; que el tema naturalmente está referido al narco, del que AMLO y Morena ha sido beneficiados en los procesos electorales de 2021, 2022 y 2024; que del total de denuncias presentadas solo 35 casos han tenido sentencia condenatoria, hasta 2021, lo que hace que el 99.9% de los casos permanezca impune; que en el gobierno de AMLO las detenciones, decomisos de droga y dinero son los más bajos de la historia; que México es el segundo lugar mundial en desapariciones, después de Irak —entre 250 mil y un millón de desapariciones, hasta 2017—; y que existen 72 mil cuerpos sin identificar en los Semefos del país.
Los morenistas dicen tener empatía con los desaparecidos porque su movimiento se creó para acabar con las desapariciones forzadas, sin embargo, el número de ellos, en solo siete años, equivale al 50% de los registrados desde 1980 —”era neoliberal”—; pese a que en octubre de 2019, López Obrador declaró el fin de la guerra contra el narco; que no se expondría la vida de civiles y “buscaría la paz”.
En 7 años la 4t no ha corregido las irregularidades existentes en el registro de 62,112 desaparecidos que no cuentan con datos suficientes o indicios para buscarlos, quizás porque no les interese localizarlos o porque la imprecisión es una manera segura de borrarlos.
Aunque México cuenta —por ley— con los mecanismos de búsqueda, registro e identificación de desaparecidos, estos no operaron porque AMLO no autorizó a su partido en el Congreso que designaran a sus integrantes; porque les quitó presupuesto y con ello deliberadamente los nulificó.
La ONU, desde 2013, solicitó al gobierno mexicano verificar el estado de las desapariciones forzadas. Ocho años después, el 30 de agosto de 2021, se concretó la visita, consistente en reuniones con víctimas, organizaciones y autoridades en 13 estados. De esta visita se emitieron las siguientes recomendaciones: crear una Política Nacional de Prevención y Erradicación de las Desapariciones; proteger a los servidores públicos que investigan las desapariciones; fortalecer el sistema de protección a las víctimas; investigar exhaustivamente los ataques contra los servidores públicos; identificar a los perpetradores e imponer sanciones; asegurar la participación de las familias en las investigaciones, las que, al parecer, no han sido cumplidas desde entonces; y por las que la 4t teme ser la vergüenza internacional.
Periodista y maestro en seguridad nacional
