El último peldaño para avasallar al Estado democrático, por parte del populismo autoritario, es el sometimiento del Poder Judicial.
La reforma al Poder Judicial, al estilo AMLO-Arturo Zaldívar, implica someter al Poder Judicial a los dictados de Palacio Nacional, acabar con la independencia de jueces y magistrados y con la autonomía de ese Poder.
Desde hace varias décadas los mexicanos hemos vivido en carne propia, o a través de familiares, amigos o conocidos, el dolor, frustración e impotencia de ser víctimas de la delincuencia, ya sea por la tardía acción de los cuerpos de seguridad o por la incompetencia, falta de datos, técnica jurídica e inexperiencia para incorporar los elementos objetivos, subjetivos y normativos al integrar la carpeta de la investigación; o deshonestidad de los ministerios públicos, que lleva a los jueces a desechar los casos; o por las corruptelas de jueces.
La numeralia de la justicia en México es contundente: en 2022, del 100% de delitos cometidos, se denunció e inició una carpeta de investigación en sólo el 7.6% de los casos; pero el 92.4%, no fueron denunciados. Del total de los delitos denunciados, sólo el 1% fueron resueltos.
Entre los factores que contribuye a no denunciar los delitos está la deliberadamente fallida estrategia de abrazos, no balazos, de AMLO, diseñada para garantizar la impunidad del narco: el asesinato de más de 250 mil personas, incluidos los desaparecidos (más los que se acumulen esta semana), y la casi nula detención de criminales, lo demuestra.
La normalización de la injusticia se debe a la indolencia gubernamental, por lo que ya es común que diariamente mueran 50, 100 o más personas; se encarezcan los productos de la canasta básica por el cobro de piso; o que cada vez más niños y jóvenes se incorporen a la estadística del consumo de drogas.
Más que sólo números, la inseguridad, violencia e injusticia son un reforzamiento cultural del lopezobradorismo que, paradójicamente, crea la Guardia Nacional, pero les ata las manos al ordenarles no hacer nada en escenarios de violencia, salvo si son agredidos.
Para AMLO es innecesaria la carrera judicial: que los mejores juzgadores compitan y escalen la estructura judicial. Según él, el cargo lo pueden ocupar egresados de la carrera de derecho, sin experiencia. Como en Bolivia, éstos juzgadores actuarán sin autonomía e independencia, subordinados a los intereses del gobernante en turno; muchos serán promovidos por la delincuencia organizada; y el costo será un grave rezago en materia de justicia debido a que los más populares no suelen ser los mejores.
La narrativa de acusar a los impartidores de justicia (Poder Judicial: jueces, ministros y magistrados) de la falta de ésta, omite deliberadamente la corrupción e incompetencia de las autoridades responsables de su procuración (dependientes del Poder Ejecutivo: fuerzas del orden y ministerios públicos).
AMLO y su sucesora no han reparado en el impacto negativo que tendrá esta medida en la política exterior: con Estados Unidos, Canadá y los principales países inversionistas, para quienes esta medida amenaza el estado de derecho y los intereses de sus connacionales al no garantiza la imparcialidad de los juzgadores.
Como sabemos, el objetivo no es la justicia, sino la toma y el sometimiento del Poder Judicial, para consolidar la autocracia de la 4T, sinónimo de regresión democrática y autoritarismo populista.
Periodista y maestro en seguridad nacional
