Hay quienes creen que es muy pronto para saber qué pasará con los jueces, magistrados y ministros que sean electos, por lo que es necesario esperar primero a que se modifique la ley, pasen las elecciones y entren en funciones estos, para saber si lo que dicen los opositores sobre su independencia ante el poder morenista es cierto, o no.

El Presidente no tiene idea de lo que implica una elección de tal magnitud, especialmente si se elige en un mismo proceso, a los primeros y segundos jueces y magistrados federales y locales del primer y segundo circuito, y a los 9 ministros del país.

Según el exministro José Ramón Cossío, en la Ciudad de México cada elector tendría que marcar 573 boletas e incorporarlas en igual número de urnas a fin de elegir a los jueces y magistrados federales y locales, de los circuitos que operan en esta ciudad.

De acuerdo con el padrón electoral de la capital, que supera los 7 millones de personas con credencial de elector, se tendrían que imprimir más de mil millones de boletas para seleccionar a 169 jueces federales y 404 jueces y magistrados locales de todas las materias: civil, administrativa, penal, laboral, etc. En cada boleta habría, cuando menos, 6 candidatos, lo que implicaría que los electores tendrían que elegir 573 juzgadores entre, cuando menos, 3,438 prospectos.

En el gobierno de la supuesta austeridad, ¿habría presupuesto para imprimir las boletas necesarias para cubrir todo el país?; ¿bajo qué reglas y con qué presupuesto competirían los jueces y magistrados?; ¿dónde colocarían las 573 urnas?

Si consideramos la experiencia reciente, en la que en algunos lugares se eligió a seis candidatos, y que la mayoría desconocía los nombres y trayectorias de las personas por las que votó -guiándose únicamente por el partido- es un hecho que nadie, en su sano juicio, tendría el nivel de información necesaria para distinguir, en todos los casos, a quienes tienen carrera judicial, de quien no la tiene.

Y será más complicado si, como lo propone el presidente, se permite a recién egresados de la carrera de Derecho participar en la contienda sin haber transitado por un procedimiento de descarte de aquellos que no reúnen los requisitos de elegibilidad en cuanto a conocimiento y experiencia en la materia en la que pretenden competir.

¿Los candidatos que obtengan mayoría simple -el mayor número de votos- serían los ganadores; o se exigiría un porcentaje mínimo de votos?

La elección, por sí misma, no garantiza que quienes llegan sean íntegros e incorruptibles. La inexperiencia y el conocimiento limitado de las materias sobre las que van a juzgar, ponen en tela de juicio el saneamiento del sistema judicial.

Otra complejidad, señala el ex ministro Cossío, es la no coincidencia entre las circunscripciones electorales del INE con la distribución geográfica de los circuitos federales con que opera el Poder judicial, por lo que se tendría que reordenar geográficamente el territorio.

Como se ha señalado, la injusticia legal inicia en las instituciones bajo el mando del Ejecutivo, a las cuales no se incluyen en esta reforma.

La colonización del Poder Judicial terminará restringiendo derechos y libertades ciudadanas. Esto mismo pasa en España y en otras naciones del continente. No es justicia lo que buscan, sino sumar poder.

¿Por qué confiar en quien desprecia la ley, rechaza la división de poderes y ejerce un presidencialismo arbitrario y partidizado? Esta ocurrencia es un error.

Periodista y maestro

en seguridad nacional