Los radicales morenistas están esparciendo la especie de que en la pasada contienda electoral, con casi 36 millones de votos, los mexicanos mandataron a la candidata electa y a su partido a avanzar en el proyecto estatista que impulsa Andrés Manuel López.
Con esta clase de falacias y engaños, la ultraizquierda gubernamental pretende engañarnos, haciéndonos creer que de manera clara fueron mandatados a modificar la constitución para, de facto y de derecho, acabar con todas aquellas instituciones del Estado que les dificultan su opacidad, la corrupción impune y el manejo discrecional del poder.
Entendida la soberanía como el poder político supremo que reside en el pueblo, y a nombre de éste la ejercen los gobernantes designados por él, los de la 4t asumen que el voto -que sólo es una manera de conferir a los gobernantes dicho mandato, no el único-, les autoriza a hacer todo lo que ellos quieran.
Esta visión reduccionista de soberanía, muy a su pesar, no los autoriza a acabar con las instituciones y el marco jurídico garantes de las libertades y derechos ciudadanos, ni a usarlas a su conveniencia para favorecer sus intereses, porque el interés supremo es el bien del pueblo, no el del gobernante (o de los haraganes de su familia) ni de su partido.
Adicionalmente, se han tomado a pecho que dicho triunfo no les obliga a escuchar o a consultar con la ciudadanía sus decisiones porque habiendo ganado el poder tienen la facultad de interpretar qué quieren sus electores.
Es claro el error de considerar que el voto constituye un cheque en blanco y que la sociedad no puede hacer nada porque ya fue emitido y ejecutado por sus representantes electos. Según esta visión, la sociedad -mayoritaria o minoritaria- no tiene el derecho de reclamar o inconformarse con las malas decisiones de sus gobernantes porque el voto mayoritario les ampara.
Andrés Manuel y su secta creen que pueden pasar por encima de las leyes y de las instituciones que los mexicanos nos hemos dado para hacer valer nuestras aspiraciones de bien, justicia y progreso.
La corrupción de la democracia iniciada por el PRI, ha sido perfeccionada por Morena con la comprar del voto; usando las necesidades económicas a su favor para manipular el voto. Si los morenistas fueran honestos consigo mismos, reconocerían que un elevado porcentaje de los sufragios obtenidos fue resultado de los 500, mil u 8 mil pesos que pagaron por cada voto; por el uso clientelar de los programas sociales y por el miedo que infundieron entre los pobres, haciéndoles creer que perderían sus beneficios si no votaban por ellos.
Independientemente de por quién votaron los mexicanos, el mandato expreso del voto es claro y unánime: los gobernantes fueron electos para llevar a cabo acciones encaminadas al bienestar y el progreso de los mexicanos; a garantizar el ejercicio de los derechos y libertades ciudadanos; para mantener la democracia como sistema de gobierno.
La corrupción, el autoritarismo, el empobrecimiento, la reducción de oportunidades de desarrollo, la pérdida de libertades, no fueron votadas, como se pretende hacer creer.
Los mexicanos votamos por la libertad, no por un gobierno que nos conduzca a un régimen estatista, autoritario o autocrático semejante al cubano, venezolano o nicaragüense, con los que simpatizan AMLO y sus secuaces. De ninguna manera, en la pasada contienda electoral, se aprobó una dictadura morenista como pretenden hacérnoslo creer.
Periodista y maestro en seguridad nacional
