El pasado 15 de diciembre, Bolivia celebró su tercera elección de magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Tribunal Agroambiental (TA) y el Consejo de la Magistratura (CM). De entre 94 candidatos se eligió a solo 19 de los 29 titulares y suplentes que por ley debían renovarse.
Las pugnas del gobierno con la oposición y al interior del Movimiento Al Socialismo MAS —por la próxima elección presidencial—, produjeron que la elección de juzgadores se aplazara un año; que 2 de los 9 departamentos (estados) no eligieran miembros del TSJ y que 5 no eligieran integrantes del TCP, por lo que solo se cambió a 4 de sus 9 integrantes (los no leales al gobierno).
Ante las irregularidades e ilegalidades el grupo de Observadores Internacionales de la OEA propuso: diseñar una ley marco que regule todos los aspectos del proceso de selección y elección de autoridades judiciales, garantizando transparencia, objetividad y meritocracia (hubo candidatos sin experiencia ni carrera profesional); evaluar alternativas para asegurar la independencia judicial y quitar la hegemonía partidista en los principales tribunales; publicar oportunamente los documentos clave del proceso electoral y garantizar la observación ciudadana; y, clarificar las competencias del TCP para evitar su interferencia en el sistema electoral y judicial.
Según la OEA, resultado de la entrevista a un amplio grupo de actores, el modelo muestra serias limitaciones, por lo que invita a las autoridades bolivianas, los órganos políticos y las organizaciones de la sociedad civil a diseñar conjuntamente un sistema que corrija las deficiencias actuales y garantice la sostenibilidad de las soluciones adoptadas.
Según el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, a los bolivianos no les gusta este tipo de elección de jueces: en 2011 el 57% de los electores votaron blanco o nulo; en 2017 el porcentaje de estos se incrementó al 65%, en protesta por el sistema de designación.
En medio de una elección judicial “forzada” (el voto es obligatorio y se multa a quien no vote) y mutiladas, el vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi señaló que elegir a magistrados del TCP y el Órgano Judicial, no resolverá la crisis del sistema judicial por lo que, dijo, creo que ha llegado el momento de convocar a una Asamblea Constituyente para modificar la forma de elegir a los magistrados del Órgano Judicial, ya que el TCP que se convirtió en un suprapoder, emite sentencias que direccionan el proceso electoral, pone en riesgo futuras elecciones y politiza al sistema judicial.
Es la Asamblea Legislativa la que elige a los candidatos a través de mecanismos poco transparentes y de acuerdo a conveniencias partidistas.
Las expectativas de que una renovación por voto popular de los magistrados serviría para mejorar la independencia y eficacia del sistema de justicia, resultó en nuevas frustraciones, baja participación ciudadana y la percepción de que la injusticia continúa.
La experiencia de Bolivia, dice el informe, puede servir como referencia para otros países interesados en implementar sistemas similares (México), evitando reproducir los errores observados.
Más allá de la demagogia morenista que pretende encubrir el control del poder judicial —a través de la elección de jueces afines—, la realidad de Bolivia releva las verdaderas intenciones dictatoriales de los populistas, sin importar el país de que se trate.
Periodista y maestro en seguridad nacional
