Plagada de lugares comunes, de viejas y gastadas ideas, con objetivos limitados; carentes de compromisos, metas y plazos precisos; con una visión estrecha de la problemática; sin transversalidad e integralidad, la llamada Estrategia Nacional de Seguridad de Claudia Sheinbaum no se diferencia mucho de la del gobierno de Felipe Calderón, salvo en el combate directo al narco.

En comparación con lo logrado por Nayib Bukele en El Salvador, donde en más de un año no se cometió un solo asesinato atribuido a la Mara Salvatrucha 13 y 18, la estrategia mexicana suena a normalizar la existencia de la delincuencia organizada pero sin la nota discordante de la violencia.

Mientras en El Salvador, en 20 años de la acción de las Maras hubo 75 mil muertos y 12 mil desaparecidos, con un promedio diario de 27 salvadoreños muertos y más de 500 mil desplazados, en México, desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari van más de 700 mil mexicanos muertos y desaparecidos y, lejos de reducirse el número de víctimas estas alcanzaron su máximos niveles en el gobierno de López Obrador, con más de 200 mil muertos y más de 110 mil desaparecidos (superando los 92 muertos diarios, promedio).

Considerando que la delincuencia organizada opera 22 rubros delictivos, los objetivos de la estrategia sólo buscan disminuir la incidencia de los delitos de alto impacto: homicidios dolosos, extorsión, secuestro y robo con violencia en vías generales de comunicación; neutralizar generadores de violencia y redes criminales en zonas con alta incidencia delictiva; reforzar la detención de los principales generadores de violencia en cada entidad; y pacificar al país.

Y surgen las dudas: ¿qué se hará con los restantes rubros delictivos, con la trata y tráfico de personas; con el tráfico de órganos, de armas, de especies en peligro de extinción; prostitución; lavado de dinero…?

A los mexicanos nos gustaría saber qué esperar para el término del sexenio: ¿cuál será el promedio mínimo diario de asesinatos a lograr; cuántos narco-políticos-servidores públicos-jueces y policías serán desaforados y sometidos a juicio?; ¿cuántos cárteles desaparecerán?; ¿cómo se atenderá a los adictos y a sus familias?; ¿cuáles son las estrategias de prevención de adicciones entre niños, adolescentes y jóvenes?; ¿cómo retomarán el control de las policías municipales y estatales que ahora están bajo el mando de los delincuentes?; ¿cuándo se recuperará el control de las cárceles?; ¿cómo impedirán las narco fracciones parlamentarias en los congresos estatales y el federal; el arribo de narco gobernadores, presidentes municipales y síndicos?; ¿cómo sacarán del ranking internacional a las 6 ciudades mexicanas clasificadas como las más inseguras del mundo, y cómo recuperarán el 35% del territorio nacional en manos de los cárteles?; y, ¿cómo se involucrará a la sociedad?

En materia de inteligencia Guacamaya leaks dejó claro que las fuerzas armadas tsaben quién es quién en la delincuencia organizada, quiénes son sus cómplices y protectores en el sector privado y público, dónde, cómo operan, qué rutas siguen y las mafias internacionales con las que se vinculan.

Existen razones de peso para desconfiar tanto de las intenciones como de la estrategia de este gobierno de la 4t, sin embargo, deseamos que —lejos de la demagogia y conforme a resultados— mejore la situación del país; lo contrario señalaría que siguen vivos los acuerdos de Andrés Manuel con ellos.

Periodista y maestro en seguridad nacional