La particular desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), define un rasgo más del autoritarismo de Andrés Manuel y la adhesión de Claudia Sheinbaum, quien apuesta, como su antecesor y jefe, por la opacidad para encubrir la corrupción de su gobierno, y la del gobierno que inicia.

Con la política de condenar la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, Sheinbaum utiliza el subterfugio de la corrupción de algunos malos funcionarios del INAI para hacer propaganda acusando a la institución de corrupta y, con ese pretexto, desaparecerla para impedir que se conozca la corrupción de su mentor y de su grupo (¿o mafia?); y avanzar en la destrucción de la democracia y en la consolidación del modelo autoritario de la 4T.

Para muchos no es entendible que la corrupción gestada en el gobierno de Andrés Manuel en diversas entidades públicas no haya sido detectada por la Función Pública, mientras este gobernaba. Así, no fueron detectados ni sancionados los 1,900 mdp que se perdieron en el INSABI; los 15 mmdp de SEGALMEX, que pudieron detectarse gracias al incómodo INAI; o los sobreprecios en las obras insignia: Tren Maya, AIFA, Refinería Dos Bocas, Tren Suburbano, Canal Interoceánico y muchas más, donde sus hijos y los amigos de sus hijos tuvieron qué ver.

Si en realidad quisieran acabar con la corrupción de la 4t, habrían exigido a la Función Pública documentar los ilícitos y sancionar a los responsables pero, por el contrario, la tarea de esta fue encubrirlos. A ninguno de ellos se le fincaron responsabilidades o se les inhabilitó. Así la corrupción y la impunidad.

La gran ventaja de este organismo ciudadanizado radicaba en su autonomía y en su capacidad para obligar a los entes gubernamentales a dar la información, cuando procedía.

Si algo le estorba a Andrés Manuel y a su grupo —y, por ende a Claudia Sheinbaum— es que los ciudadanos y los medios de comunicación tengan acceso a la información, conozcan sus irregularidades y puedan exigir cuentas.

Con la eliminación del INAI, Sheinbaum en su calidad de operadora política de Andrés Manuel, se hace cómplice de encubrir la corrupción gubernamental; garantiza la impunidad de los malos servidores públicos; y, falta a su deber -y el de su gobierno- de informar con transparencia y oportunidad.

De la misma manera que es posible describir la vía al neoliberalismo, lo es al autoritarismo. Este pasa por el sometimiento del Poder Legislativo y el Judicial; coartar el derecho de los ciudadanos de ampararse contra estas perversas reformas constitucionales; doblegar a los dueños de los medios de comunicación; y eliminar a las instituciones autónomas garantes de derechos y libertades ciudadanas. Así, avanzamos en la destrucción de la democracia.

La desaparición de este órgano constitucional tiene como objetivo impedir el acceso a la información pública por parte de los ciudadanos para garantizar la opacidad de un gobierno que simula transparencia pero oculta los datos que puedan exhibir el mar de la corrupción donde se mueve.

Con la cantaleta de evitar la corrupción de otros, lo que realmente buscan es asegurar la suya bajo el manto de la impunidad oficial que, paradójicamente, tendrá a su cargo la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y que poco o nada hará con el saqueo de recursos públicos de los leales para cobrar sus favores a la 4T. Así, con demagogia pura, desde el poder, se garantiza la impunidad morenista.

Periodista y maestro

en seguridad nacional