Para acabar con la autonomía del poder judicial y consolidar su modelo autoritario, López Obrador ha tejido una de sus clásicas narrativas engaña bobos en la que, supuestamente, es posible restablecer el estado de derecho a partir de sólo acabar con la corrupción en el Poder Judicial, eligiendo a sus integrantes.
Son notorias la violencia, inequidad y los rezagos en la procuración e impartición de justicia en México, pero decir que sólo eligiendo a los juzgadores sin tocar a los policías y ministerios públicos es suficiente para que rija el estado de derecho, es un vil engaño, como lo fueron el AIFA, la desaparición del Seguro Popular, el aeropuerto de Texcoco, la rifa del avión presidencial o la creación del Instituto para Robar al Pueblo lo Devuelto y la falsa lucha contra contra la corrupción (Segalmex es el caso más emblemático, así reconocido por López Obrador).
AMLO no busca acabar con el nepotismo. Está documentado el control del poder Ejecutivo y Legislativo por más de 8 familias morenistas, entre ellas la de Pablo Gómez, Bertha Lujan, AMLO, Mario Delgado, Ricardo Monreal, Martí Batres, etc., que se apropiaron de áreas de gobierno como si fuera un derecho conquistado, o que pretenda acabar con la corrupción cuando encubre a cercanos y familiares involucrados en corruptelas. Este gobierno es, históricamente, el más corrupto e inmoral.
No se erradica la corrupción sólo eligiendo a los juzgadores, por el simple hecho de que al politizarlos o al someterlos a la presión de poderes fácticos, éstos pierden su independencia y neutralidad para resolver los casos que se le presentan; a que su arribo y ascenso en la estructura judicial será más por intereses creados que por méritos; a que preferirán quedar bien con el poder que hacer justicia, como en Bolivia.
Ese futuro ya está a la vista: desde la morenización de la SCJN, con Arturo Zaldívar, Loretta Ortiz, Yazmín Esquivel y Lenia Batres, la ley ha dejado de ser el criterio de juicio. Ellos, como los diputados y senadores de Morena, no se atreven a cuestionar la legitimidad de las iniciativas presidenciales, aunque sean inconstitucionales, afecten a la democracia o los derechos humanos: ellos pervierten la justicia con su 90% de lealtad y 10% de capacidad.
Los cuatro morenistas apoyan el sometimiento del Poder Judicial ala voluntad presidencial; la militarización del país; el gobierno autocrático. Esquivel, Batres y Zaldívar no son personas ejemplares una por plagiar sus tesis de licenciatura y doctorado, y la otra por su evidente incompetencia jurídica para juzgar casos. El epítome del lamesuelismo, Arturo Zaldívar (fuera del cargo), mandó corromper, amenazar, castigar y premiar a jueces y magistrados para ajustar sus veredictos a los intereses de AMLO.
Como se ha advertido hasta el cansancio, además de someter a los juzgadores a complejos y costosos procesos electorales, como se vió en la entrega anterior, se expone al sistema de justicia a la intervención de poderes fácticos- narcos, empresarios, grupos políticos, e incluso gobiernos extranjeros y capitales transnacionales-, para impulsar candidatos que representen sus intereses.
El futuro de la SC.IN no puede depender de la voluntad del hombre que ha demostrado su desprecio a la ley y a la división de poderes; además de su desmedida ambición de poder que lo ha llevado a construir un presidencialismo autoritario y antidemocrático. Si se escuchara a los especialistas, otro país tendríamos.
Periodista y maestro en seguridad nacional.
