Como si fuese un hecho nuevo y novedoso el combate a la corrupción, el gobierno de Claudia Sheinbaum inventa una nueva secretaría (Anticorrupción y de Buen Gobierno SABG) que repetirá el mismo patrón de la Función Pública, Fiscalía General de la Nación, ministerios públicos, y la Auditoría Superior de la Federación, entre otras para, en realidad, garantizar la impunidad a los leales a Andrés Manuel, y perseguir a opositores y críticos del gobierno.

Según Raquel Buenrostro, quien fungirá como su titular -hoy lo es de la Función Pública-, la nueva dependencia evitará la corrupción; fortalecerá la cultura de la denuncia; dignificará el servicio público a partir de principios éticos y de integridad; reducirá el contacto humano mediante la digitalización de los procesos; corregirá irregularidades al permitir que se investigue el uso del gasto público y la prestación de servicios; combatirá la impunidad, e involucrará a la sociedad en la lucha anticorrupción.

La SAGB surge para favorecer a los pobres y para “separar al poder político del económico” (a los mismos que AMLO les echó en cara que en su gobierno habían acrecentado como nunca su riqueza) evitando que los empresarios tengan incentivos para violar la ley, por haber penas muy bajas, para lo cual agilizarán los procesos y fomentará la competencia.

Como si Buenrostro no supiera que en el gobierno anterior se violó sistemáticamente la ley de Adquisiciones y de Obras Públicas, se benefició a las empresas del bienestar (creadas ex profeso para ganar las licitaciones pese a no tener experiencia en el ramo) otorgándoles contratos sin licitación, minimizó que con la desaparición del INAI se ahondará la opacidad gubernamental, al acabar con la institución que permitió conocer los escándalos de corrupción de los gobiernos de Fox, Calderón, Peña Nieto y de López Obrador.

A diferencia del gobierno de Vicente Fox que quiso garantizar el buen manejo de los programas sociales otorgándole al PRD la titularidad de la SEDESOL, que no se logró porque Cuauhtémoc Cárdenas negó a Amalia García permiso para ello, la 4t encubre la corrupción de los suyos nombrando integrantes de su cofradía.

Según Buenrostro, la SABG ofrecerá un gobierno honesto, sin influyentismo, ni nepotismos, corrupción o impunidad pero, anótelo bien, usted no verá que se castigue el tráfico de influencias del clan: Bobby y Andy López Beltrán, sus primos Pedro y Osterlen Salazar Beltrán y de Amílcar Olán; el nepotismo de los Monreal, Alcalde, Batres, Gómez Concheiro, Scherer, Ebrard, Taddei; la corrupción de Ignacio Ovalle, Manuel Barttlet, su hijo y muchos morenistas más.

Se garantizará impunidad a los involucrados en la corrupción del Tren Maya, Canal Interoceánico, Refinería Dos Bocas, AIFA; la fracasada adquisición de medicinas; la muerte innecesaria de más de 300 mil personas por Covid-19; la caída de la línea 12 del Metro...

La tarea más importante de la SABG será definir qué es corrupción, y a quienes se castiga. Corrupción será la de los críticos y opositores; pero nunca será la de los integrantes de la secta.

Resulta paradójico que se cree una secretaría para algo que no existe, según el lopezobradorismo: la corrupción, misma que ya desapareció porque ellos lo dicen. Parece que el motivo real de esta nueva secretaría será ejecutar legalmente a todos aquellos que se atrevan a disentir de la verdad oficial, como lo dejó claro el mentor de la nueva Presidenta.

Periodista y maestro en seguridad nacional.